En fechas recientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en la plataforma de consulta de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto de disposiciones administrativas de carácter general en materia de centrales eléctricas con capacidad instalada neta menor a 0.5 MW, Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida. Para el abogador regiomontano Jorge Arrambide Montemayor, del despacho Santos Elizondo, ha sido justo y necesario que se ampliara y aclarara la regulación de Generación Distribuida, es decir, aquella realizada por generadores exentos (con capacidad menor a 500 kW) y que deseen conectarse a un lugar con una alta concentración de centros de carga. “Pero estos cambios contienen cierto sesgo ideológico que dañará a la generación de energía limpia a pequeña escala y será perjudicial para las residencias y comercios al crear limitaciones”, advierte Arrambide Montemayor. Agregó que, " “Un punto en particular el cual consideramos delicado, es la flagrante discriminación en perjuicio de los usuarios finales incluidos en contratos de interconexión legados, es decir, en contratos como los que han celebrado sociedades de autoabastecimiento y aquellas de cogeneración eficiente”.
Sobre lo anterior, el numeral 2.9 del Proyecto de DACG señala que: “los representantes de los Centros de Carga incluidos en un Contrato de Interconexión Legado y reciban energía eléctrica proveniente de una Central Eléctrica con permiso otorgado al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, estarán impedidos de instalar una Central Eléctrica con Capacidad Instalada Neta menor a 0.5 MW para autoconsumo o de Generación Exenta.
“Con ello, se pretende impedir inconstitucional e ilegalmente, que un particular que se encuentre en un contrato de interconexión legado (el cual en ocasiones desconocen que están dentro de uno o de varios), el derecho de generar energía para consumo propio, como generador exento; yéndose más allá de la Generación Distribuida.
“Una cosa es que impidan que goce de los beneficios de la Generación Distribuida incluyendo el “neteo” de energía y el otro es que impidan, como es el caso, generar para usos propios con capacidades menores a 0.5 MW, aclara Arrambide Montemayor. Dijo que la burda razón que utiliza el órgano regulador en este Proyecto de DACG es la siguiente: “lo anterior, en virtud de que a los representantes de los Centros de Carga que se mantengan incluidos en un Contrato de Interconexión Legado no les está permitido adquirir o enajenar energía eléctrica o Productos Asociados en términos del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica”, censura.
“En otras palabras, la CRE coarta estos derechos de generar para autoconsumo a los particulares que se encuentran (queriendo o no) en contratos de interconexión legados, porque supuestamente no pueden adquirir o enajenar energía eléctrica o Productos Asociados, como sí lo puede hacer un usuario calificado”.
El abogado del despacho Santos Elizondo espera que se corrija este gran error, antes de que sea demasiado tarde y el proyecto de DACG se vuelva regulación de observancia general.
