Del centralismo mexicano no hay duda. Basta con revisar la obra de Arnaldo Córdova sobre la formación del poder en México para darse cuenta de dos males históricos en el ejercicio de la política en el país: el caudillismo posrevolucionario de aquellos políticos que se bajaron del caballo y se subieron al Cadillac, y que ahora en cualquier estación toman el tren de las redes sociales sin conocer a su votante y sin comprender la realidad; y del centralismo mexicano que solo daña y entorpece el ya de por sí precario funcionamiento gubernamental.
Sin embargo, las instituciones representativas en México han ido madurando desde el comienzo de la transición hacia la democracia que comienza en 1977 con la reforma electoral que permitió la representación proporcional, pasando por la elección más competitiva del país en 1988, con la creación en 1990 del IFE ahora INE, así como con la reforma electoral en 2014 que respondió a una evidente crisis de democracia representativa y de partidos que permitió, a su vez, las candidaturas independientes. Durante ese camino hacia la democratización del país, el PRI perdió el Congreso en 1997, sirviendo de antesala para la alternancia en el 2000 que, posteriormente, sentó las bases para la reconfiguración del sistema de partidos en 2018 al ganar MORENA la presidencia y con el avance de MC en dos entidades federativas con importancia en términos económicos para el país: Jalisco en 2018 y Nuevo León en 2021.
Pero como en algún momento afirmó José Woldenberg en 2006, el avance democrático en México se basa en que se logró edificar un “escenario legal e institucional para que la diversidad política pudiese expresarse, competir y convivir de manera pacífica”. Esa edificación está al borde del colapso y con un claro desvío hacia el centralismo.
Recientemente se ha ventilado en la opinión pública la propuesta de que los 7 consejeros que conformarían al INEC serán elegidos por votación popular. Y para ello, el Congreso, dominado por MORENA, propone 20, la SCJN propone 20 y el presidente de la República propone otros 20. Queda claro que la dominación partidista en el proceso rompe con un supuesto de la democracia: la competitividad.
La reforma electoral que se pretende aprobar representa 1) un claro retroceso en la descentralización del poder político y administrativo en materia electoral al eliminar la figura de los Organismos Públicos Locales Electorales, y se convierte en 2) un evidente despropósito al imaginar que la elección de consejeros resolvería los problemas, que no son menores, de la democracia.
La centralización electoral nos daña como ciudadanía, y la forma en cómo se pretende organizar el INEC daña a la democracia en su conjunto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) del INEGI en 2020, el 59.6 % de la población de 15 años y más tienen mucha y algo de confianza en el INE, mientras que el 73.3 % de la población tiene poco o nada de confianza en los Senadores y en Diputados Federales. Dejarle a la Cámara de Diputados y al presidente de la República el futuro de la democracia es no darse cuenta que el país pide a gritos que sea desde abajo, y desde lo local, los cambios en beneficio de la democracia y no desde el centro del país.
Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y toda democracia precisa de organismos electorales autónomos que se mantengan alejados de las dinámicas partidistas. Según la ENCUCI, a nivel nacional el 46.8% de la población se siente poco o nada satisfecha con la democracia y el 31.1% de las y los mexicanos considera que un gobierno no democrático puede ser mejor y que, además, da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Estos datos son alarmantes.
El centralismo, al menos en México, no es, ni puede llegar a ser, democrático. El INE no son los consejeros, la democracia no se reduce a las elecciones, y los grandes males del país radican en la politiquería que se concentra y ejercita en los malos gobiernos y en los demagogos de antaño y de las redes sociales.
Pd, el debate académico sobre la reforma también se concentró en las universidades del centro del país. La descentralización del debate también importa.
El autor es doctor en Ciencia Política y profesor en la Licenciatura de Ciencia Política y Gobernanza (LPG) en la Universidad de Monterrey (UDEM).
Contacto: jose.mendozai@udem.edu
