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Ojo aquí: Condusef alerta por anomalías en instituciones de crédito y ahorro popular

Cuatro instituciones mantuvieron una calificación reprobatoria en el proceso de verificación del cumplimiento de las normas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó los resultados de la supervisión a 29 instituciones del Sector de Ahorro y Crédito Popular, en materia de transparencia financiera respecto a la Inversión a plazo fijo o Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV).

Para realizar la revisión, se seleccionaron 16 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y 13 Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), que ofrecen el producto a sus socios o clientes y los resultados indican que 25 de las 29 entidades que ofrecen inversiones a plazo fijo, cumplen con la norma establecida, en materia de transparencia financiera y calidad de la información.

Al concluir la primera etapa de la revisión, la dependencia informó sobre las irregularidades a 12 Socaps y 10 Sofipos, por lo que ordenó a las instituciones un programa de cumplimiento forzoso para corregir las incidencias. Durante la segunda parte, la Condusef analizó los cambios en las instituciones, donde la mayoría hizo la corrección.

No obstante, cuatro instituciones mantuvieron una calificación reprobatoria en el proceso de verificación del cumplimiento de las normas, entre ellas Financiera del Sector Social, Acción y Evolución (Sofipos).

Por otra parte, las socaps Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río e IFR Tlapanaltomin no cumplieron con las normas establecidas para contratos, carátulas, estados de cuenta, así como comprobantes de operación.

La Condusef detectó irregularidades en donde las entidades incumplían con lo que establece el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en la que se estipulan los cumplimientos para los Contratos de Adhesión.

La dependencia indicó que se omitía información sobre procedimientos en caso de cancelación y la garantía de las operaciones hasta por 25 mil Unidades de Inversión (UDIS) por el fondo de protección al ahorro, así como la falta de datos sobre los canales oficiales de dichas instituciones.


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