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Diputados del PRI ‘saltan’ por ‘Alito’ Moreno: Denuncian a Fiscalía de Campeche por cateo

Los diputados denunciaron al fiscal de Campeche y otros funcionarios por violar los derechos humanos de Alejandro Moreno.

El Grupo Parlamentario del PRI de la 64 legislatura local presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche una denuncia formal en contra del fiscal General del mismo estado, Renato Sales Heredia, el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción y personal dependiente de ambas Fiscalías, por los hechos constitutivos que se consolidaron como una violación a los derechos humanos en perjuicio del dirigente nacional del organismo político, Alejandro Moreno.

En el documento presentado se solicita registrar la queja y dar por iniciada una investigación por esta violación, así como de los servidores públicos y subalternos de dichas instituciones que tomaron parte de la diligencia en el cateo realizado el pasado 4 de julio del año en curso en el predio del presunto agraviado.

Además, recabar el informe correspondiente y determinar el motivo por el que se encontraba actuando la Fiscalía en un hecho que no es de su competencia, y en su caso determinar porque motivo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción permitió la participación de autoridades no competentes en la realización de diligencias en una investigación a su cargo.

Asimismo determinar que motivó a ambas Fiscalías a entregar material videográfico a medios de comunicación para exhibir al agraviado, pero también a la gobernadora del estado siendo que la funcionaria estatal no tiene competencia en la investigación de delitos y dicho material es parte o constituye una evidencia para la investigación que se señala.

Adicionalmente en la queja se solicita determinar el motivo por el que la Gobernadora Layda Sansores así como el Fiscal General, Sales Heredia; en el programa del “Martes del Jaguar” del día 4 de julio hacen señalamientos de culpabilidad en los delitos que se le imputan al agraviado sin que exista una sentencia condenatoria judicial.

El documento finaliza por tanto solicitando determinar la existencia de la violación de derechos humanos del agraviado consistente en la presunción de inocencia y a los derechos del imputado.

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