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Tras 7 años, CEDH de Tabasco archiva queja por tortura contra protagonista de ‘Duda Razonable’

El asunto era contra la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Macuspana por hechos del 2016

Casi 7 años después de que fuera promovida una queja por la presunta tortura que sufrió Héctor Muñoz, uno de los protagonistas de la docuserie “Presunto Culpable”, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) decidió archivarla por “no acreditarse violaciones a derechos humanos con orientación jurídica”.

El pasado 23 de marzo el director de esa producción de Netflix, Roberto Hernández, atrajo los reflectores al caso cuando compartió en sus redes sociales que la CEDH había citado al recluso para que acudiera físicamente a presentar pruebas.

“Héctor está en la cárcel. Antes de volverse famoso en #DudaRazonable, presentó una queja por tortura ante Derechos Humanos en Tabasco. Casi 7 años después, le contestan que debe acudir ¡en persona! a sus oficinas o asumirán que ya no está interesado. ¿Me ayudan a difundir?”, escribió en Twitter.

Tras la exhibición de ese primer oficio, el jueves el presidente de la CEDH, José Antonio Morales Notario, aseveró que el citado documento no era para que se presentara el encarcelado, sino la promovente (que es su esposa), sus abogados o representantes legales, para darles a conocer los avances de la queja.

Destacó que el asunto era contra la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Macuspana por hechos del 2016. No por un caso de tortura, sino por la irregular integración de la carpeta de investigación y la detención arbitraria.

Pero este viernes, Roberto Hernández compartió que Mayra, la cónyuge de Héctor, ya recibió una respuesta oficial.

“URGENTE. La Comisión estatal de derechos humanos de Tabasco, en el caso de tortura de Héctor Muñoz, uno de los protagonistas de #DudaRazonable (visible en Netflix) concluye lo siguiente: “Se acuerda ARCHIVO por no acreditarse violaciones a derechos humanos”, asentó.

“Se le orienta a la peticionaria que en todo juicio o procedimiento ante cualquier autoridad competente deberá aportar medios de pruebas idóneos que no sean contrarias a la moral y al derecho para efectos de esclarecer los hechos”, destaca el oficio que recibió Mayra.


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