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Sancionan al Concejo Municipal de Jalapa por violencia política de género

Los concejales y dos funcionarios de la entidad serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política.

TABASCO.- Por unanimidad, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) sancionaron a los concejales y a dos funcionarios del municipio de Jalapa por violencia política de género contra dos excandidatas, una a presidenta municipal y una a regidora plurinominal.

Todos serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, por lo que no podrán aspirar a cargos de elección popular por lo menos durante los siguientes cinco años.

Jalapa es uno de los dos municipios del estado que tiene un concejo municipal después de la renuncia de quienes fueron elegidos alcaldes en 2018. Macuspana es la otra demarcación donde opera esta figura de manera provisional, pues en octubre de este año entran en funciones los nuevos presidentes municipales.


En sesión ordinaria, los consejeros votaron dos proyectos: el primero contra Carlos Mario Cornelio Cornelio, secretario del Concejo municipal, y Darwin Félix López, coordinador de delegados, tras la denuncia hecha por Yuliana Esteban Ascencio, quien acusó que los personajes en mención le negaron la licencia como delegada municipal para contender por una regiduría plurinominal por el Partido Encuentro Social (PES), coartando sus derechos políticos.

El segundo proyecto, en contra de los tres integrantes del Concejo Municipal: Martha López Pérez, Gilberto Peláez y Thelma Torres, así como de los mismos funcionarios ya mencionados, fue por el caso de Flor de María López Pérez, a quien le dieron trabas para otorgarle la licencia como delegada municipal para buscar la Presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT).

Además, ella también se quejó de que la autoridad municipal la acosó en el ejercicio de sus funciones y la presionó para renunciar, y que se retiró los apoyos a su comunidad en represalia por haber presentado la denuncia señalada.

Los implicados ahora estarán registrados como violentadores políticos, además de pagar multas económicas que van desde los 4 hasta los 17 mil pesos y finalmente tienen que ofrecer disculpas públicas por su actuación.

“Asimismo, se ordena a los infractores de inscribirse al Grupo de Reflexión Sesiones Grupales “Construyendo Prácticas Equitativas’”, que tiene por objetivo que los hombres reflexionen sobre sus conductas violentas o machistas y adopten prácticas más equitativas en sus relaciones”, se determinó en el proyecto de la autoridad electoral.

Y finalmente “Se exhorta a los infractores, que en lo sucesivo eviten cualquier tipo de conducta discriminatoria que implique violencia simbólica, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial o de cualquier otra índole sobre la víctima, debiendo respetar sus derechos y atribuciones que como funcionaria electoral le son inherentes”.