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César Duarte da la ‘pelea’ por sus ranchos; se ampara para evitar que se los quiten

El juicio de extinción de dominio contra César Duarte, inició el pasado 14 de abril ante el Juzgado Octavo Civil con el número de expediente 74/2021.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tramitó un juicio de amparo ante la justicia federal en contra del aseguramiento de los ranchos, al considerar que viola de forma flagrante las garantías procesales de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal del exmandatario, dio a conocer que se busca que jueces federales adviertan sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de dicho proceso.

El juicio de extinción de dominio contra César Duarte, inició el pasado 14 de abril ante el Juzgado Octavo Civil con el número de expediente 74/2021, juez que también lleva el ordenamiento de la inscripción del aseguramiento de los propios ranchos.


Indicó hay varias inconsistencias en la acusación, entre ellas, el que Duarte no haya sido llamado a comparecer, ni haya recibido notificación alguna de los aseguramientos señalados, aun cuando las autoridades cuentan con un domicilio para estos fines.

Como parte de la denominada operación Justicia para Chihuahua, el gobierno de Javier Corral aseguró varias propiedades a César Duarte, entre ellas, ranchos ubicados en los municipios de Camargo, Balleza, Valle de Zaragoza y Villa López, con un valor comercial en su conjunto, que es superior a los 100 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

El abogado enfatizó además, que la autoridad estatal actúa de manera dolosa e irracional, al pretender extinguir el dominio de bienes que fueron adquiridos por el exmandatario estatal, cuando éste aún no era titular del Ejecutivo.

Explicó que este proceso no prosperará porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio, señala que los bienes sujetos a este tipo de juicios tienen que ser instrumento, objeto o producto de algún delito, y los delitos por los que Duarte ha sido señalado como probable responsable, son todos en su calidad de gobernador de Chihuahua.

“Pretender llevar a juicios ilegales, pervierte toda finalidad institucional de justicia y muestra intereses de diverso tipo, que afectan no solo a nuestro representado sino a toda la ciudadanía”, externó Mendoza Luján.