Si usted fue afectado por prácticas monopólicas absolutas detectadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como en el caso de las resoluciones al pollo, es posible demandar a los implicados por daños y perjuicios e incluso solicitar representación a la Comisión en el proceso, indicó Miguel Flores, vicepresidente de la Comisión de Competencia Económica de ICC México.
"Si se confirmara la resolución, cualquiera que se haya visto afectado puede reclamar daños y perjuicios. Entonces alguien podría utilizar la información de la Cofece como punto de partida; pero tiene que terminar el proceso de amparo", dijo Flores, quien aclaró que documentos como la evaluación ex post publicada recientemente por la Comisión podrían fungir como evidencias en el caso.
Alejandro Faya, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Cofece, expuso que una demanda colectiva, promovida por treinta o más afectados, es una buena manera de disuadir conductas ilícitas, pero que sería necesario estudiar la viabilidad del caso para no desperdiciar recursos.
"Es una decisión que se debería tomar considerando las circunstancias de cada acción. La constitución no señala las acciones colectivas como una de nuestras obligaciones, pero sí estamos facultados. En algunos casos los particulares estarían en mejor posición que nosotros para iniciar el procedimiento y Cofece podría fungir como consultor", agregó.
En la historia del país ningún juicio por daños y perjuicios ha procedido, pero Flores consideró que la reforma legal de 2014 que ordena que sean los jueces especializados quienes atiendan estos casos, podría cambiar la tendencia. El artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles faculta a la Profeco, Cofece y Condusef a iniciar procesos de acción colectiva.
Gabriela Sánchez Lew, directora General Adjunta de Acciones de Grupo de la Profeco aclaró que la procuraduría sólo se involucraría en caso de afectación en forma de cobros indebidos, ruptura de contratos o falta a acuerdos previos documentados por los afectados.