Un bloque de 25 estados gobernados por demócratas presentó este lunes una demanda contra la administración de Donald Trump para impugnar los nuevos aranceles globales impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al argumentar que la Casa Blanca volvió a exceder sus facultades legales tras haber perdido previamente en los tribunales otros intentos de imponer gravámenes generalizados.
La querella, interpuesta ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, sostiene que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) utilizó el combate al trabajo forzoso como un pretexto para restablecer prácticamente el mismo esquema arancelario que ya había sido invalidado por los tribunales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y posteriormente bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio.
¿Qué estados demócratas demandaron a Trump por los aranceles globales?
Entre los demandantes figuran California, Nueva York, Illinois, Washington, Michigan, Massachusetts, Arizona, Colorado, Nueva Jersey, Wisconsin y otros estados, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, quienes demandaron al presidente Donald Trump, al representante comercial Jamieson Greer, a la USTR y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los estados argumentan que la nueva acción comercial, anunciada el 23 de julio, impone aranceles de 10 y 12.5 por ciento a prácticamente todas las importaciones provenientes de 60 economías, pese a que la propia Suprema Corte ya determinó que la IEEPA no autoriza al presidente a establecer aranceles, y que la Corte de Comercio Internacional también declaró ilegal el posterior uso de la Sección 122.
En la demanda, los estados sostienen que “la acción arancelaria es arbitraria, caprichosa y contraria a la ley”, al considerar que la USTR no demostró una relación entre las tarifas impuestas y el supuesto objetivo de combatir mercancías elaboradas con trabajo forzoso. También señalan que los gravámenes son tan amplios que contradicen los propios objetivos declarados por la agencia.
Según el documento judicial, la Sección 301 únicamente permite adoptar medidas “apropiadas y viables” para eliminar una práctica comercial específica de otro país; sin embargo, los demandantes sostienen que la administración utilizó esa facultad para implementar una política arancelaria global que no establece mecanismos para que los países puedan eliminar los gravámenes mediante mejoras en sus políticas contra el trabajo forzoso.
La demanda también sostiene que existe evidencia de que el programa fue diseñado únicamente para dar continuidad a la estrategia comercial de Trump.
Como prueba, cita declaraciones públicas del presidente y del representante comercial Jamieson Greer, quienes anticiparon que recurrirían a investigaciones aceleradas bajo la Sección 301 para sustituir los aranceles que dejarían de estar vigentes bajo la Sección 122.
De acuerdo con los estados, la investigación de la USTR resulta inusualmente rápida frente a otros procesos similares. Mientras investigaciones previas bajo la Sección 301 contra China o Brasil tardaron entre ocho meses y un año, la revisión sobre 60 economías concluyó en apenas dos meses y medio antes de recomendar los nuevos aranceles.
Otro de los argumentos centrales es que los aranceles abarcan países con niveles muy distintos de cumplimiento en materia de trabajo forzoso.
¿Qué dice la demanda de los demócratas vs. Trump?
La propia demanda destaca que México ya cuenta con una prohibición plenamente implementada sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso derivada del T-MEC y reforzada en 2025 mediante nuevos protocolos de investigación y coordinación con Estados Unidos; sin embargo, recibió el mismo trato arancelario que economías con capacidades mucho más limitadas.
Los estados también cuestionan que la USTR no haya explicado por qué aplicó tarifas prácticamente uniformes a países con marcos regulatorios, niveles de desarrollo y capacidades de inspección muy diferentes, ni cómo esos gravámenes contribuirían realmente a erradicar el trabajo forzoso.
Asimismo, la demanda afirma que durante la consulta pública empresas, gobiernos extranjeros y organizaciones especializadas advirtieron que los aranceles no combatirían el trabajo forzoso y, en cambio, elevarían los costos para importadores y consumidores estadounidenses. Los demandantes sostienen que la USTR desestimó esos comentarios sin responder de manera sustantiva.
