Además de vulnerar el estado de derecho, el acuerdo presidencial de proyectos y obras facilita evadir la transparencia, rendición de cuentas e incentiva la corrupción, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y organismos empresariales como la Coparmex y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al manifestar su rechazo y preocupación por la situación de indefensión en la que deja a personas y empresas frente a la autoridad.
“El Acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional. Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, señaló la máxima cúpula empresarial en su posicionamiento en el que hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de derecho.
Para el sector privado es de “fuerte preocupación” toda vez que evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción, señalaron tanto el CCE como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Desde COPARMEX advertimos la gravedad de la medida publicada, y exhortamos al Poder Ejecutivo a revertir la publicación de dicho Decreto para que quede sin efectos. Antes que cualquier obra o proyecto están los derechos humanos y la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho”, expuso en su posicionamiento.
El Decreto es violatorio de la Constitución porque atenta contra la división de poderes al pretender evadir con un acuerdo, disposiciones que soy ley aprobadas por el Congreso; atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas; trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental, señaló la Coparmex.
Como representantes de la construcción formal, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción rechazó también el decreto con preocupación de que devenga en mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en la calidad de las obras.
“Esperamos que las autoridades federales abran un espacio de diálogo con los diferentes sectores involucrados en el ciclo de infraestructura, para encontrar un punto de equilibrio que concilie la legítima aspiración de las autoridades de agilizar las obras, con el imperativo de garantizar la adecuada realización de la misma en condiciones de transparencia, costos competitivos y calidad”.
