Sector patronal considera necesario periodo de tres meses antes de entrada en vigor de la Ley de Subcontratación

Con la expectativa de que en este mismo mes quede aprobada la Ley de Subcontratación en el Congreso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estará atenta a la definición de los tiempos para su entrada en vigor ya que consideran necesario al menos un periodo de tres meses para poder hacer los ajustes pertinentes para su cumplimiento, dijo Manuel Medina Mora, presidente del organismo.

“Hay empresas que empezaron hacer ajustes necesarios desde diciembre del año pasado y están listas, pero hay otras que no y por eso es importante este periodo de tres meses para que puedan hacer el cambio en el esquema de la subcontratación interna como en algunos casos en el objetivo social de las empresas para que reflejen lo que realmente hacen. Por eso consideramos que sí es importante que se respeten estos tres meses”, dijo y reconoció que lo ideal es que la ley de subcontratación inicie en enero de 2022 como lo propuso la Secretaría de Hacienda.

Después de tres meses de negociación, la ley de subcontratación se envió a diputados y senadores para su discusión y ellos serán los que determinen los tiempos para su entrada en vigor, tema en el que hay expectativa ya que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), manifestó su interés en que la parte fiscal inicie en mayo.

“Estaremos atentos a ver qué definen, en principio la expectativa es que este mismo mes quede aprobada (la ley) y durante mayo la Secretaría del Trabajo tendrá oportunidad de difundir los lineamientos para el registro de las empresas que quieren ofrecer servicios de subcontratación y luego habrá un periodo de tres meses, -junio, julio y agosto- para que las empresas puedan adaptarse a esta ley que entraría en vigor el primero de septiembre”, expuso en conferencia de prensa.

Habrá desafíos en la implementación de la ley de subcontratación una vez aprobada y que entre en vigor, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), y señaló dudas sobre los criterios con los que se van a considerar las cadenas productivas y que no existan cuellos de botella en la parte administrativa y productiva para cumplir con los tiempos.

“Sí vemos diferentes desafíos en la implementación y estaremos acompañando el tema para poder opinar”, dijo Angel García-LAscurainc, presidente del IMEF y señaló preocupación por los criterios que se puedan tomar en la secretaría del Trabajo respecto al registro de servicios y obras especializadas.

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“¿Cuáles serán los criterios?, cómo se van a contemplar cadenas productivas que pueden ser bastantes sofisticadas entre sectores o empresas del mismo sector, y también que del lado de la propia secretaría del Trabajo, del IMSS e Infonavit, que no existan cuellos de botellas en el día a día, administrativos u operativos, que impidan que se cumplan con los tiempos, es una preocupación que nosotros tenemos”, comentó.

La Coparmex y el IMEF firmaron un acuerdo de colaboración para encontrar las variables que ayuden a las propuestas para la recuperación económica y para la agenda fiscal.

“Nos une el tema del desarrollo de la economía y para generar valor para los agremiados del IMEF y Coparmex con muchas empresas en medio de crisis económicas de desempleo”, dijo el presidente del organismo.

El plan de infraestructura en el que el sector privado podrá participar con inversiones está sujeto a lo que defina la Suprema Corte de Justicia (SCJN), con la Ley de Hidrocarburos, dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

“Es algo que en la parte eléctrica está detenido para ver el resultado de la iniciativa de la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos que se presentó. Estaremos atentos a la resolución de la SCJN y todos los mexicanos lo tendremos que acatar y esto tendrá una repercusión en el entorno para la inversión, qué tanta confianza generará para que haya más inversiones y se reactive el plan de infraestructura”, advirtió.

Reconoció que no extraña la manifestación de la COFECE en contra de la Ley de Hidrocarburos, tal como lo hizo con la Ley de la Industria Eléctrica y el sector privado está atento a dar seguimiento a su aprobación.

“Seguiremos atentos a observar si se aprueba como está en el Congreso y claro que al afectar a empresas que han invertido en el país, habrá amparos que se tendrán que resolver en la instancia de la SCNJ y en todo caso se tendrá que indemnizar a estas empresas, lo que es un costo adicional. Además, nos parece importante que se genere la certidumbre jurídica para la inversión, que se dé preferencia a la competitividad”, manifestó Medina Mora.