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El próximo 1 de septiembre, entrará en vigor en Texas un polémico proyecto de ley titulado “Ley Relativa a la Preemisión Estatal y el Efecto de Cierta Ley Estatal o Federal sobre la Regulación de Ciertos Municipios y Condados”, conocido coloquialmente como el proyecto de ley “Death Star” (Estrella de la Muerte). Este fue promulgado por el gobernador Greg Abbott, y ha generado un debate significativo debido a su posible impacto en las leyes y reglamentos locales. Pues mientras los defensores argumentan que tiene como objetivo simplificar las regulaciones, los críticos temen que pueda centralizar el poder a nivel estatal y así socavar el gobierno local.
El proyecto de ley busca limitar la capacidad de las ciudades, especialmente aquellas con tendencias demócratas como Houston, San Antonio, Austin y áreas predominantemente hispanas como la frontera con México, para promulgar sus propias leyes y normas locales en ocho áreas clave de política: agricultura, negocios, comercio, finanzas, seguros, trabajo, leyes de recursos naturales, leyes ocupacionales y leyes de propiedad. Su texto abarca 10 páginas, que incluyen hallazgos legislativos, y se caracteriza por términos amplios y generales que han generado preocupaciones sobre sus implicaciones.
Por ejemplo, en lugar de establecer regulaciones a nivel estatal, el proyecto de ley Death Star se centra principalmente en bloquear las locales.
Ciudades como Houston han presentado demandas formales contra el proyecto de ley, en las que argumentan que su falta de claridad lo hace inconstitucional. Sostienen que el lenguaje amplio del proyecto de ley infringe sus derechos de gobierno local, y crea incertidumbre sobre qué leyes se ven afectadas. San Antonio también se ha sumado a la batalla legal.
Uno de los arquitectos del proyecto de ley, el representante estatal Dustin Burrows, parece reconocer que los tribunales determinarán en última instancia el alcance del proyecto de ley. La legislación incluye una disposición que permite a individuos o asociaciones comerciales impugnar regulaciones locales en los tribunales. Si tienen éxito, los costos legales de la parte que impugna deben ser cubiertos por la ciudad o el condado. Este enfoque ejerce presión financiera sobre los gobiernos locales, desalentándolos de defender sus reglamentos en los tribunales.
La ambigüedad del proyecto de ley podría llevar al caos, especialmente en situaciones extremas donde la toma de decisiones rápida es crucial. Los críticos argumentan que las ciudades necesitarían obtener la aprobación judicial para promulgar decretos de emergencia, lo que causaría retrasos y complicaciones en los esfuerzos de respuesta ante desastres.
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“Death Star” es parte de una tendencia más amplia en la que los gobiernos estatales conducidos por gobernadores republicanos buscan anular políticas promulgadas por ciudades con tendencias demócratas dentro de sus estados. Este cambio refleja un aumento en “aprobación previa” de leyes municipales, el gobernador controlará toda reglamentación nueva mientras que las legislaturas estatales controladas por republicanos apuntan cada vez más agresivamente a las regulaciones y estatutos locales en diversas cuestiones. Los factores que contribuyen a esta tendencia incluyen el aumento del poder de los republicanos en la política estatal, la agrupación ideológica en áreas urbanas y rurales, y una estrategia de obstaculizar las metas liberales.
Lo que distingue al proyecto de ley Death Star es su naturaleza integral, dirigida simultáneamente a múltiples áreas de política. Aunque se han presentado proyectos de ley similares antes, generalmente se centran en problemas más estrechos. Las sólidas leyes de autogobierno de Texas podrían ofrecer cierta resistencia al impacto de este proyecto de ley, ya que ofrecen ciertas protecciones a la autonomía local. Sin embargo, la implementación del proyecto de ley, de ser aprobado, podría marcar el comienzo de esfuerzos más amplios por parte de los funcionarios estatales republicanos para tomar el control de las regulaciones locales en ciudades demócratas.
En conclusión, de acuerdo a la publicación digital “slate”, el proyecto de ley “Death Star” de Texas, que entrará en vigor en septiembre, es una legislación controvertida diseñada para limitar la autonomía de las ciudades en la promulgación de regulaciones locales. A medida que se desarrollen las batallas legales y se aclare el impacto del proyecto de ley, podría sentar un precedente para esfuerzos similares por parte de otros gobiernos estatales dominados por republicanos en todo el país.