El viernes 24 de julio entraron en vigor los nuevos aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento que Estados Unidos impuso a las importaciones procedentes de 60 economías —que concentran más del 99 por ciento de sus importaciones— al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de que sus socios no combaten el trabajo forzado. Tales tarifas sustituyen a los gravámenes temporales de la Sección 122 y llegan después de que la Suprema Corte invalidó la arquitectura original del “Día de la Liberación” de abril de 2025. Es, en poco más de un año, la tercera piel jurídica del mismo animal: el muro arancelario de Donald Trump.
La lectura dominante es que Trump rompió con casi ochenta años de tradición librecambista de Estados Unidos. Es una lectura correcta, pero incompleta. Vista en perspectiva histórica, la verdadera anomalía no es el proteccionismo de Trump. La anomalía fue el libre comercio.
Estados Unidos nació proteccionista. En 1791, Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, presentó su “Informe sobre las Manufacturas”, el manifiesto fundacional de la protección a la industria naciente. Durante todo el siglo XIX, los aranceles fueron la principal fuente de ingresos del gobierno federal y un instrumento deliberado de industrialización. El llamado “Arancel de las Abominaciones” de 1828, que favorecía a los estados del norte, estuvo a punto de provocar la secesión de Carolina del Sur; el “Sistema Americano” de Henry Clay, presentado en 1824, hizo de la protección industrial una doctrina de Estado, y el arancel McKinley de 1890 elevó los gravámenes promedio a niveles cercanos al 50 por ciento.
No es casual que Trump cite con frecuencia a William McKinley como su presidente favorito. El Partido Republicano, hoy el partido de Trump, nació y gobernó durante décadas como el partido del proteccionismo, de Lincoln a Hoover.
El episodio más citado es la Ley Smoot-Hawley de 1930, precedida por el arancel Fordney-McCumber de 1922, que llevó los aranceles sobre bienes gravados a casi 60 por ciento y detonó una cadena de represalias que contribuyó a que el comercio mundial se contrajera en dos terceras partes entre 1929 y 1934.
Douglas Irwin, de la Universidad de Dartmouth, quizá el mejor historiador del comercio norteamericano, lo ha documentado con precisión: durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos fue una economía de aranceles altos.
El giro librecambista fue producto de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Con el GATT, firmado en 1947 por 23 países, Washington se convirtió en arquitecto del sistema comercial abierto, no por convicción doctrinaria sino sobre todo por cálculo geopolítico: los mercados abiertos eran el cemento del bloque occidental. En las décadas siguientes, el arancel promedio estadounidense bajó de dos dígitos a menos de 3 por ciento. Ese es el mundo que Trump está desmontando.
México tampoco puede presumir de un pedigrí librecambista. De los años cuarenta a los ochenta, México practicó con entusiasmo la sustitución de importaciones, la doctrina que Raúl Prebisch y la CEPAL formalizaron desde 1949 para toda América Latina. No solo había aranceles elevados: los permisos previos de importación llegaron a cubrir prácticamente la totalidad de las importaciones a principios de los ochenta. Comprar en el extranjero requería, literalmente, permiso del gobierno, y detrás de cada permiso florecían la escasez, el contrabando y las rentas de quienes tenían la concesión del mercado cautivo.
Hay que decirlo claramente: el modelo funcionó durante décadas. Entre 1940 y 1970, la economía mexicana creció a tasas superiores al 6 por ciento anual. Pero el esquema se agotó por la ineficiencia, el rezago tecnológico y el desequilibrio externo que generó, y estalló con la crisis de la deuda externa y la devaluación de 1982.
El viraje llegó después y fue vertiginoso: el ingreso al GATT en 1986, el desmantelamiento unilateral de permisos y aranceles, y, como culminación, la entrada en vigo del TLCAN en 1994, que convirtió a México en una de las economías más abiertas del mundo y en una potencia exportadora de manufacturas.
América Latina en su conjunto solo abrazó el libre comercio a finales de los ochenta, empujada por la crisis de la deuda y el llamado Consenso de Washington. Conviene además no exagerar el alcance de esa conversión. India, la quinta economía del mundo (algunos señalan que ya es la cuarta), mantiene un arancel promedio cercano a 17 por ciento, el más alto entre las grandes economías, y lo defiende sin complejos como política industrial.
Brasil y sus socios del Mercosur conservan un arancel externo común de dos dígitos y una densa red de barreras no arancelarias. Argentina ha oscilado durante ocho décadas entre la apertura y el cierre según el gobierno en turno. Buena parte de Asia meridional y de África nunca suscribió plenamente el credo librecambista, y la propia Organización Mundial del Comercio lleva más de dos décadas sin poder cerrar una ronda de negociación, con su órgano de apelación paralizado desde 2019.
El libre comercio como consenso global fue, en realidad, un paréntesis de apenas tres décadas: de finales de los ochenta a mediados de la década pasada.
Lo verdaderamente distintivo de Trump no es que pretenda proteger a la manufactura norteamericana. Es que quien está desmontando el sistema es su propio arquitecto y principal beneficiario, y que lo hace con instrumentos —la Sección 301, la seguridad nacional de la Sección 232, ahora el trabajo forzado— diseñados para casos excepcionales y ahora convertidos en política comercial de aplicación general.
Hay una diferencia adicional respecto de los años treinta: entonces el proteccionismo era la ortodoxia compartida; hoy es una decisión unilateral de la mayor potencia contra un sistema de reglas que ella misma escribió.
Para México, la paradoja es doble. El país que fue proteccionista hasta los ochenta es hoy uno de los principales defensores del libre comercio, porque su prosperidad depende de él: 85 por ciento de nuestras exportaciones sigue entrando a Estados Unidos con arancel cero gracias al cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC. Ese tratado es hoy nuestro principal escudo frente a la ofensiva arancelaria, y la revisión que ha arrancado este año mostrará si puede resistir la embestida.
La historia deja una lección: los muros arancelarios se levantan en meses y tardan décadas en caer. La ley Smoot-Hawley se aprobó en 1930; el mundo necesitó diecisiete años y una guerra mundial para empezar a desmontarlo. Ojalá esta vez el aprendizaje sea más barato.
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