Pocos derechos humanos son tan difíciles de regular como la libertad de expresión. Cada caso está sujeto a interpretación según su contexto, quién emite el mensaje, los tintes y claroscuros detrás de la expresión. A esto se suma un fenómeno de desinformación, deepfakes y manipulación con uso de Inteligencia Artificial que complejiza el escenario aún más. Ante ello, ha surgido la necesidad de recurrir a nuevas reglas y repensar en estándares que respondan a estas nuevas necesidades como, en discurso, ha planteado el gobierno mexicano. El problema no es regular, nunca lo ha sido. La gravedad es darle al Estado el control de qué es la verdad.
Desde la reforma constitucional del 2013, se estableció que las audiencias tienen derecho a recibir contenidos plurales, veraces y sin publicidad engañosa. De este punto se ha valido la actual administración para armar un nuevo andamiaje que es gravemente problemático desde su origen. Los puntos centrales de la crítica a esta iniciativa es que, en primer lugar, la ley exigiría que conductores y periodistas distingan de manera explícita cuándo están emitiendo un hecho comprobable y cuándo están expresando una opinión. En segundo lugar, los medios tendrían que nombrar una figura de defensor de audiencias y registrar un código de ética sometido al escrutinio del regulador. Y, más grave aún, sería el Estado quien tendría la facultad directa determinar qué es una noticia verdadera, cuál es una opinión imprecisa y sancionar a medios de comunicación acorde a ello.
El caso mexicano no es ni el primero ni el último en intentar algo así. Que un Estado busque a toda costa el control de lo que los medios cubren respecto a su gobierno es tan recurrente que estos esfuerzos son conocidos como chilling effect o el efecto de inhibición, en donde la amenaza de sanciones por parte de la autoridad lleva a la autocensura para evitarlas. Y esto es un ataque a cualquier democracia que presuma de serlo. En el espacio de una columna resulta casi imposible desmenuzar todas las problemáticas que esto conlleva, así que pondría el énfasis en los casos en donde iniciativas similares han terminado en una deriva autoritaria de autocensura, así como en casos de buenas prácticas que podrían servir como referencia.
No es necesario trasladarse a los ejemplos con tintes abiertamente dictatoriales ya conocidos como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Basta echar un vistazo hacia el norte, en donde Donald Trump ha encabezado demandas millonarias contra cadenas de televisión, periódicos y periodistas por coberturas “desfavorables” o “difamatorias”, ha recortado fondos a medios públicos y ha vetado a ciertos periodistas y agencias de coberturas especiales o conferencias de prensa, dando un mensaje de que quien critica al poder pagará el precio.
También es importante destacar que lo alcanzado en materia de protección de derechos humanos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tal es el caso de El Salvador que, en 2022, reformó el Código Penal para castigar la reproducción o transmisión de mensajes de pandillas. Esa reforma elevó penas de prisión para quienes difundieran contenidos que pudieran generar “zozobra y pánico”, además de que se buscó eliminar el secreto profesional de periodistas sobre fuentes anónimas. Estamos hablando de una norma penal que alcanza directamente a medios escritos, digitales, radiales y televisivos.
Pero también existen casos de buenas prácticas que podrían servir como base. Bajo las mismas preocupaciones, en Reino Unido nació Ofcom, el regulador independiente que vigila la “imparcialidad debida” atendiendo quejas y vigilando estándares. En este caso, el Ejecutivo no es quien censura, la prensa británica se autorregula con supervisión independiente.
Suecia, por ejemplo, tiene el sistema de quejas de medios más antiguo del mundo. Desde 1969 cuenta con un órgano ético autosostenido por la propia industria periodística, en donde cualquier ciudadano que se sienta agraviado por una publicación o considere que la información no es veraz, puede emitir una queja ante el ombudsman. Si procede, el medio está obligado a publicar la resolución y pagar una cuota administrativa. Es el propio periodismo y los medios de comunicación quienes buscan mantener la confianza del público.
Otro caso interesante es el de Francia, en donde en centro no está en la censura de opiniones o información, sino en darle a la propia ciudadanía herramientas analíticas. Los medios públicos invierten en programas masivos de alfabetización mediática en las escuelas y salas de redacción de manera que educar el criterio de la audiencia está por encima de fiscalizar contenido.
En esos países se entiende un principio elemental, el contrapeso a la mala praxis periodística no es el castigo administrativo, sino la pluralidad de oferta, la autorregulación ética y el criterio de una audiencia que no necesita que el gobierno le explique qué es un hecho y qué es un punto de vista.
La tentación de convertir al regulador público en el juez del lenguaje en México llega, además en un momento significativo que no puede obviarse, con elecciones a la vuelta de la esquina, acusaciones crecientes del involucramiento de políticos con el narco, un sistema judicial a modo, gobiernos estatales intolerantes a la prensa y un clima de violencia contra periodistas comparable con países en guerra.
No faltan razones para querer reglas nuevas, pues la velocidad con que circula la desinformación es real. Pero la salida no puede ser un regulador con vocación de censor. Donde otros países apostaron por más pluralidad, más criterio y mejor periodismo, México parece tentado a que una oficina decida qué es un hecho y qué es una opinión. Aceptar este cambio implicaría entregarle al Estado el poder de lo que puede decirse e implica una decisión contundente sobre qué tipo de democracia queremos ser.
