En 2024, meses antes de las elecciones presidenciales y mucho antes de que las palabras “Alligator Alcatraz” se convirtieran en sinónimo de la política migratoria del presidente Donald Trump, una empresa poco conocida de Indiana impulsaba una propuesta destinada a generar polémica: instalar en El Paso, Texas, un extenso campamento de carpas de lona donde las personas serían retenidas en áreas cercadas y vigiladas desde lo alto por guardias.
La compañía, USA Up Star LLC, nunca había trabajado en detención. Como empresa de respuesta a desastres, su especialidad era instalar campamentos de carpas de lona tras emergencias climáticas, nada que ver con los operadores privados de prisiones multimillonarios con los que normalmente contrata el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) para detener personas. Pero el propietario y presidente de USA Up Star, un exmarine llamado Klay South, había comenzado a hacer conexiones. Una declaración de ética difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU muestra que la empresa fue cliente de consultoría de Tom Homan. Funcionario de carrera en temas migratorios, Homan dirigió ICE durante un periodo en el primer mandato de Trump y esperaba asumir otro cargo vinculado con inmigración en caso de un segundo mandato. Ejecutivos de USA Up Star tenían llamadas y reuniones frecuentes con Homan para explorar una expansión hacia la detención migratoria, según tres personas con conocimiento directo de esas conversaciones, que pidieron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Hoy Homan es el zar fronterizo de Trump. En ese cargo ha subrayado no solo la expansión de la detención —la administración se ha fijado la meta de más que duplicar la capacidad, a por lo menos 100 mil camas— sino hacerlo con rapidez. Así, Homan se ha convertido en el principal promotor del uso de campamentos improvisados con carpas para la detención migratoria. Y toda una industria está girando para atender la demanda que él e ICE han generado.
South respondió por correo electrónico que no tenía comentarios y añadió: “Nada de lo que escribieron ahí es remotamente cierto”. Se negó a dar más detalles. La empresa no ha recibido contratos de detención, y está lejos de ser seguro que lo logre: más de una docena de compañías que proveen carpas y servicios relacionados compiten por parte de los 45 mil millones de dólares que el Congreso ha destinado específicamente a instalaciones de detención.
Tan solo este verano se han asignado alrededor de mil 600 millones de dólares en fondos federales y estatales para campamentos de detención en carpas.
Bajo la dirección del gobernador de Florida, Ron DeSantis, cientos de personas fueron trasladadas a un campamento estatal en los Everglades en apenas ocho días. En El Paso avanza la construcción de un campamento en una base militar que abrió el mes pasado para convertirse en la mayor instalación de detención migratoria del país.
No es la primera vez que el gobierno utiliza instalaciones de “paredes blandas”, como se les llama, para cuestiones migratorias. Bajo el mandato del presidente Joe Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) levantó una serie de campamentos de procesamiento en la frontera sur, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos hizo lo mismo para niños migrantes no acompañados. Sin embargo, los campamentos de CBP estaban diseñados para estancias cortas —máximo de 72 horas bajo circunstancias normales— y la mayoría cerró la primavera pasada tras una disminución en los cruces. Como la detención bajo ICE suele ser de mayor duración, los estándares deberían ser más altos. Las normas federales exigen, por ejemplo, una proporción específica de personas por baño y una cama para cada detenido. Abogados que trabajan con personas retenidas en el campamento de los Everglades afirman que ya incumple estas normas, lo cual el estado niega.
El DHS ha defendido el campamento de los Everglades y aseguró en un correo que la agencia está “trabajando a velocidad turbo en formas innovadoras y rentables” para cumplir con los objetivos de deportación masiva. La Casa Blanca dijo en un comunicado que Homan “siempre se ha apegado a los más altos estándares éticos y evita cualquier conflicto de interés”. Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, señaló declaraciones de Homan en diciembre de 2024, antes de asumir como zar fronterizo, en las que aseguraba que no tendría “involucramiento, discusión, aportación ni decisión” en futuros contratos gubernamentales. “Nada ha cambiado”, añadió.
Estos campamentos requieren más que empresas que solo monten carpas. Dependen de un sector entero especializado en construir rápido. Algunas compañías, como USA Up Star, trabajan tras desastres naturales instalando refugios, sanitarios y regaderas, estaciones médicas, cocinas y comedores. También consiguen personal para cocinar, limpiar y dar seguridad. Ahora buscan aprender cómo operar cárceles improvisadas.
En la industria afirman que hay formas de que estas instalaciones cumplan con los estándares federales. Muchas empresas que buscan contratos con ICE venden carpas sofisticadas con pisos, puertas, paredes reforzadas y control de clima. Pero resulta mucho más caro, por cama, construir y operar ciudades de carpas que rentar cárceles y prisiones existentes, como hace normalmente ICE. Para la administración, el valor está en la velocidad. “Estamos habilitando camas tan rápido como podemos”, dijo Homan frente a la Casa Blanca en julio. “Creo que el gobernador DeSantis planteó un buen modelo”.
Un juez federal recientemente frenó temporalmente la construcción de la instalación de los Everglades en respuesta a una demanda ambiental, aunque aún pueden detener personas ahí. Incluso algunos aliados de Trump han mostrado preocupación. “Estas instalaciones armadas apresuradamente, con proveedores no tradicionales y contratistas estatales no evaluados, están listas para fracasar, ser mal administradas y corromperse”, escribió Mark Morgan, excomisionado interino de CBP en la primera administración Trump y defensor de la deportación masiva, en una columna de opinión en Fox News. “Esto no es ahorro. Es teatro. Peor aún, es peligroso”.
El trabajo de respuesta a desastres suele atraer a cierto tipo de personas. El trabajo de detención a otro. Bloomberg Businessweek habló con varias personas que dejaron empresas de respuesta a desastres cuando vieron el giro que tomaban. Pidieron no ser identificadas porque firmaron acuerdos de confidencialidad o temen represalias. “La idea de que íbamos a encerrar a estas personas en jaulas”, dijo una. “No pude hacerlo”. Otra dijo que “no quería diseñar sistemas para campos de internamiento”.
La detención migratoria se ha disparado en las últimas cuatro décadas, bajo administraciones demócratas y republicanas. En 1994, unas 7 mil personas en promedio estaban detenidas diariamente en EU, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso. Esa cifra se triplicó en la década siguiente, cuando una nueva ley federal amplió drásticamente quién podía ser detenido durante un proceso migratorio. Para los últimos días del gobierno de Biden, ya superaba las 39 mil personas. Hoy, según un reportaje de The New York Times basado en datos internos de ICE, son más de 60 mil.
Empresas privadas de prisiones como Geo Group Inc. y CoreCivic Inc., las dos mayores de la industria, dependen cada vez más de los contratos de ICE, ya que el encarcelamiento federal por delitos ha disminuido, en parte por reformas de sentencias en la era Obama. ICE garantiza ingresos que llenan el vacío dejado por otras agencias, incluida la Oficina Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Hasta hace poco, la política migratoria de EU solía ser liberar a los solicitantes de asilo tras procesarlos en los puntos de entrada, con órdenes de presentarse después a las autoridades. En cuanto a la persecución de indocumentados dentro del país, ICE era mucho menos agresivo, enfocando su aplicación en quienes representaban una amenaza a la seguridad pública. Esto se debía en gran parte al costo de mantener a personas detenidas durante procesos que pueden durar años. Y los datos muestran que más del 80 por ciento de las personas en procesos migratorios (y más del 95 por ciento de quienes tienen abogado) sí se presentan a sus audiencias, lo que para abogados migratorios prueba que la detención es muchas veces innecesaria.
Con Trump, ICE ha incrementado masivamente los arrestos en el interior, incluso de personas que acudían a audiencias o revisiones. La administración también ha cerrado caminos a la regularización legal y eliminado protecciones humanitarias temporales a cientos de miles de personas de Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela y otros países. Todo esto ha saturado las instalaciones existentes de detención en EU.
A principios de este año, antes de que el Congreso aprobara la partida de 45 mil millones de dólares para expandir la detención, ICE recurrió a Geo y CoreCivic para más camas. Cárceles cerradas, como Delaney Hall de Geo en Nueva Jersey, y centros de detención familiar en desuso como Dilley Immigration Processing Center de CoreCivic en Texas, fueron opciones fáciles. En junio, Geo puso a disposición de ICE un centro de mil 868 camas en Georgia. Al día siguiente, CoreCivic anunció la compra de una instalación de 736 camas en Virginia con contrato de ICE. Según un vocero de CoreCivic, la compañía “mantiene discusiones activas con DHS e ICE sobre activar instalaciones adicionales”.
Pero hay un límite al número de prisiones que ICE puede ocupar. Construir centros de detención de ladrillo y cemento llevaría más tiempo y planeación, sin mencionar que la industria de la construcción depende en gran medida de la mano de obra de las mismas personas que ICE busca detener.
Un vocero de Geo no respondió a solicitudes de comentarios. En una llamada con inversionistas este mes, el fundador de Geo, George Zoley, dijo que la compañía trabaja para atender la creciente demanda de ICE, lo que probablemente requerirá “soluciones alternativas como instalaciones temporales de paredes blandas”.
El financiamiento masivo podría permitir a ICE expandirse más allá de 100 mil camas.
Este es el plan delineado en Project 2025, la guía política conservadora en la que Homan colaboró y que ha marcado buena parte del segundo mandato de Trump. Su sugerencia para aumentar rápidamente la capacidad: carpas de lona.
La primera confirmación de que la administración recurriría a campamentos llegó en mayo. Ese mes, ICE otorgó contratos preliminares a 41 compañías, lo que significó su inclusión en la lista corta para la expansión de detención. Geo y CoreCivic estaban en esa lista, pero también más de 20 empresas pequeñas que nunca habían trabajado con ICE. Varias se especializan en carpas.
Estas compañías nacieron para proveer carpas en eventos tan diversos como festivales de música, bodas, zonas de explosión, alojamiento militar y campamentos tras huracanes. Para algunas, la primera prueba de lo lucrativo que podía ser contratar con el gobierno llegó durante la pandemia, cuando fluyeron miles de millones de dólares con poca supervisión a empresas capaces de operar sitios de pruebas y vacunación, muchos de ellos en carpas emergentes.
Una de las compañías en la lista corta de ICE es Gothams LLC. Fundada en California por el inversionista Matt Michelsen en 2019, comenzó como una firma de consultoría en defensa e inversiones. Con la llegada del Covid-19, se enfocó en pruebas, levantando grandes sitios emergentes y aliándose con Curative Inc., compañía de pruebas en la que Michelsen había invertido. En menos de dos años, Gothams pasó de no tener negocios con el gobierno a facturar más de mil millones de dólares en contratos estatales y locales. Pero hacia finales de 2021 el gasto público en la pandemia comenzó a agotarse, y Gothams fijó su mirada en otra área.
Cuando Michelsen se mudó a Austin como parte de la ola de empresarios de Silicon Valley hacia Texas, llevó consigo a Gothams. Los cruces en la frontera aumentaban, y con Biden en la presidencia, el gobernador Greg Abbott comenzó a criticar la falta de recursos federales para frenar el flujo.
A dos meses del mandato de Biden, Abbott anunció que Texas intervendría. Así nació la Operación Lone Star, que destinó fondos estatales a la frontera. Gothams recibió contratos sin licitación por unos 70 millones de dólares para construir y operar un centro de procesamiento en carpas en el condado Jim Hogg. Recana Solutions LLC, otro contratista en Texas hoy competidor por contratos de ICE, apoyó la operación, según una persona cercana y una publicación en Instagram del congresista Henry Cuellar. También opera un centro similar a 300 millas al noroeste, en el condado Val Verde, por el que ha recibido al menos 50 millones de dólares. Ni Gothams ni Recana respondieron a solicitudes de comentarios.
En muchos sentidos, la Operación Lone Star fue un trampolín para que empresas sin experiencia en temas migratorios consiguieran contratos millonarios, convirtiéndolas —y a sus dueños— en aliados políticos enriquecidos en el proceso. Desde que obtuvieron esos contratos, Michelsen, de Gothams, y Adam Stiles, presidente de Recana, han contribuido con 600 mil y 200 mil dólares, respectivamente, a las campañas de Abbott. En enero, Stiles y su familia viajaron a Washington para asistir a la exclusiva ceremonia de investidura bajo techo de Trump, y Recana patrocinó una de las fiestas de celebración junto a BP Plc y Chevron Corp., según publicaciones de su esposa.
Recana enfrenta demandas por su trabajo en Val Verde y su participación en procesar detenidos bajo la Operación Lone Star. En un caso, un hombre arrestado afirma que estuvo meses detenido sin cargos formales y antes de recibir abogado, y que Recana no cumplió con procedimientos que habrían evitado las violaciones. En febrero un juez rechazó la petición de Recana y otros acusados para desechar la demanda. Otro caso en curso, presentado en nombre de múltiples personas detenidas en Val Verde, señala que las políticas internas de Recana “provocaron que el papeleo de liberación se procesara días o semanas después de recibirse”. La empresa no respondió a comentarios.
La instalación de Jim Hogg cerró este año, con Abbott argumentando una baja en cruces fronterizos. Ahora Gothams y Recana buscan el siguiente gran contrato. Estar en la lista corta de ICE significa que podrán competir por proyectos de construcción y operación de nuevos centros de detención, contratos probablemente mayores que los obtenidos en la Operación Lone Star. Pero ese proceso lleva tiempo.
En junio, Gothams descubrió que no necesitaba esperar al gobierno federal. Otro estado, con un gobernador interesado por apoyar los esfuerzos de deportación de Trump, estaba listo para aportar dinero propio.
El 19 de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, publicó un video en X donde se le veía caminando por los Everglades con camisa de pesca y pantalón caqui, flanqueado por dos oficiales. “Este es un viejo aeropuerto prácticamente abandonado en medio de los Everglades”, dijo a la cámara. Pero pronto, añadió, sería un centro de detención migratoria. “Lo llamo Alligator Alcatraz”.
La reacción al video fue moderada. El anuncio sonaba descabellado. Pero pocos días después, Uthmeier y Homan aparecieron juntos en un comité de seguridad fronteriza de la Asociación Nacional de Alguaciles. Al día siguiente, Uthmeier anunció a través de un youtuber de derecha: “Desde esta mañana, el gobierno federal aprobó nuestro plan de centro de detención. Esto está sucediendo”.
Florida rápidamente adjudicó contratos multimillonarios a proveedores de emergencia, incluyendo Gothams, que brinda apoyo técnico mediante acuerdos que podrían superar los 23 millones de dólares. En apenas ocho días, el nuevo centro de detención migratoria estatal más reciente de EU abrió sus puertas. Los vuelos de deportación comenzaron poco después.
Ya más de una docena de empresas han recibido contratos por más de 330 millones de dólares para el campamento de los Everglades, muchos seleccionados de una lista de proveedores de respuesta a desastres que el estado mantiene para emergencias. Funcionarios estiman que el costo total rondará los 450 millones de dólares, que Florida buscará reembolsar de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Grupos de derechos humanos han lanzado alertas sobre las condiciones. “Hay reportes de nubes de mosquitos, comida infestada de gusanos, calor sofocante y falta de atención médica o higiene básica como duchas”, escribió Amnistía Internacional Estados Unidos el 17 de julio. “Me encadenaron al suelo”, relató un nicaragüense solicitante de asilo a una radio pública de Florida. “Estuve al sol, de 1 a 7 de la tarde, sin agua”.
Demócratas en el Congreso que recorrieron el campamento denunciaron condiciones inhumanas, mientras legisladores estatales republicanos afirmaron que el lugar estaba limpio y seguro. “Los detenidos reciben tres comidas diarias, acceso a duchas y servicios de higiene limpios, y teléfonos para contactar a sus abogados en cualquier momento”, aseguró un vocero de DeSantis. “Nadie está siendo abusado ni maltratado, y cualquier reporte contrario es falso”. Mientras tanto, ICE trabaja con el Departamento de Defensa en un campamento aún más caro, capaz de albergar 5 mil personas en Fort Bliss, una base militar de 1.1 millones de acres en la frontera entre Nuevo México y Texas.
Uno de los finalistas para Fort Bliss fue Response AI Solutions LLC, de Virginia, que dice ofrecer servicios médicos, gestión de instalaciones y seguridad “potenciados por analítica con IA”. A pesar de ser nuevo en detención, ha emergido como competidor activo y estuvo en la lista corta de ICE en mayo. Su director de crecimiento, Tom Douglas, se unió este año tras trabajar en la empresa de salud Universal.one, que también figuraba en la declaración ética de Homan. Mientras estaba en Universal.one, Douglas publicó en LinkedIn que trabajaba con Border911 Foundation Inc., grupo fundado por Homan.
Response AI no ganó el contrato de Fort Bliss. Su oferta fue más del doble que la de la ganadora, según documentos revisados por Businessweek. La empresa seleccionada, Acquisition Logistics LLC, presentó una propuesta de mil 260 millones de dólares. Con 39 empleados, nunca había recibido un contrato federal de esa magnitud ni tenía experiencia en detención. Pero gran parte del trabajo recaerá en subcontratistas.
La construcción estará liderada por Disaster Management Group LLC (DMG), de Florida, cuyo dueño, Nate Albers, presume vínculos con Trump. Es asiduo en Mar-a-Lago y su esposa, Kimberly, ha sido fotografiada en múltiples ocasiones con el presidente. La pareja copreside un evento benéfico junto a Eric y Lara Trump, y Kimberly ha compartido (y luego borrado) fotos con Kimberly Guilfoyle, exconductora de Fox News y asesora de campaña de Trump. En octubre, Albers compró una casa de 30 millones de dólares a 45 minutos de Mar-a-Lago.
En 2019, TentLogix —empresa copropiedad de Albers y socia de DMG— fue condenada por conspirar para “ocultar y dar refugio” a trabajadores indocumentados mientras era investigada por el gobierno federal, según reportó ProPublica en julio. Albers no fue implicado, aunque su socio fue sentenciado a un año de prisión. Un vocero de DMG aseguró que Albers se desvinculó como socio minoritario y no operativo al enterarse de esas acciones, subrayando que DMG y TentLogix eran compañías distintas.
En 2024, el Departamento de Trabajo halló que DMG y 61 subcontratistas habían pagado de menos a empleados en un proyecto en una base militar de Nueva Jersey, lo que derivó en un reembolso de 16 millones de dólares y otras sanciones.
Mientras la administración Trump sigue expandiendo capacidad de detención, analiza bases militares en Nueva Jersey e Indiana para nuevos campamentos. Los futuros contratos podrían, como en Fort Bliss, asignarse a través del Pentágono, lo que hará más difícil acceder a detalles, ya que la contratación militar es notoriamente opaca. El contrato de Fort Bliss aún no se ha hecho público. Empresas que buscan participar en futuros proyectos expresan frustración por la falta de claridad del proceso.
Por su parte, el proceso de contratación de ICE está en pausa tras protestas de empresas competidoras, incluida una que alegó que la agencia incluyó demasiados finalistas, reduciendo sus probabilidades. En julio, ICE dijo a un tribunal federal que no planea adjudicar nuevos contratos de expansión de detención antes de inicios del próximo año. Las compañías de carpas y todas las que orbitan a su alrededor esperan. Tienen 45 mil millones de razones para hacerlo.
Con información de Michael Smith, Elena Mejia, David Voreacos, Alicia A. Caldwell, Bill Allison y Augusta Saraiva
