La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará cuatro denuncias de hechos ante la PGR por las anomalías detectadas en el programa "Cerebros Digitales: sonido, palabra e imagen", del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), al comprobar un daño al erario federal por 350 millones 478 mil 500 pesos que la dependencia pagó a la Universidad Autónoma del Estado de México sin acreditar la entrega de los servicios pactados.
En la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF comprobó que el Conaculta y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) suscribieron un convenio de colaboración por 422 millones 965 mil 300 pesos para realizar la digitalización de acervos bibliográficos y audiovisuales.
Aunque la UAEM le aseguró a la dependencia que contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización de ese trabajo, la ASF constató que dicha universidad subcontrató a diversos proveedores para realizar los servicios pactados, mismos que aumentaron los precios hasta en un 49 por ciento más de lo que cuestan.
De acuerdo con la oficina de prensa de la ASF, la entidad fiscalizadora antepondrá "en breve" las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Las acusaciones tienen base en la fiscalización de cuatro contratos signados por las dependencias citadas, en los que la ASF detectó "un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal", debido a que el Conaculta pagó diversos servicios de digitalización que, a la fecha, no se han entregado en su totalidad o no existe registro de que se hayan realizado.
Estos servicios contratados corresponden al programa "Cerebros Digitales" que Consuelo Sáizar, entonces titular del Conaculta, presentó el 11 de enero de 2012 y que operaría la Coordinación Nacional de Innovación del organismo, a cargo de Luis Jáuregui Nares.
De acuerdo con el comunicado emitido ese día por la dependencia, el proyecto consistía en guardar la música y los archivos sonoros de la Fonoteca Nacional, la dirección de Culturas Populares y de Radio Educación. Además, se digitalizarían los libros, mapas y documentos de las direcciones generales de Bibliotecas y de Publicaciones, así como de Educal, y también las películas, fotografías, carteles y videos provenientes de Imcine, Estudios Churubusco, Canal 22 y Cineteca Nacional.
Para verificar el cumplimiento de dicho programa, la ASF fiscalizó el apartado "Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios" y es ahí donde ha detectado diversas irregularidades.
Por ejemplo, en julio de 2012, el Concaulta y el FONDICT-UAEM signaron un contrato por 25 millones de pesos para "llevar a cabo la digitalización del acervo bibliográfico y obras literarias de la Biblioteca México" en el que se capturarían 3 millones 918 mil 495 imágenes, la cual concluiría en agosto de 2012, pero el análisis de la ASF confirmó que a mediados de 2013 sólo se contaba con una base de 2 millones 416 mil 18 imágenes y que, a la fecha, no se ha entregado la digitalización de las restantes; "por lo que se concluye que el Consejo pagó servicios no ejecutados y servicios entregados extemporáneamente", afirma la Auditoría.
SOBRECOSTO MILLONARIO
Entre los contratos que mayor daño al erario representaron está el que signaron ambas dependencias para adquirir un acervo bibliográfico denominado Recursos Digitales e Impresos para 10 mil Bibliotecas Públicas.
Para ello el Conaculta pagó a la UAEM 207 millones 591 mil 600 pesos; sin embargo, la ASF detectó que el Consejo erogó un sobrecosto de 162 millones 188 mil 369 pesos por las bases de datos digitalizadas y de 5 millones 633 mil 727 pesos por la adquisición de los libros impresos, debido a las subcontraciones derivadas de la subcontratación que la universidad hizo con la empresa Impactel S.A. de C.V.
Con base en la auditoría de estos contratos, entre otros, la ASF levantarán las denuncias de hechos. Ya ordenó al Órgano Interno de Control del Conaculta que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron la correcta aplicación de los recursos gastados.