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PRI en Coahuila pide investigar nexos de Padrés en red electoral de Anaya

La dirigente del PRI en la entidad dijo que Guillermo Padrés desvió recursos del erario de Sonora,  pues está identificada la participación del empresario sonorense Aldo Andrés Minjarrez Ortiz, cercano al político ahora preso.

El financiamiento paralelo para la campaña de Guillermo Anaya, candidato del PAN al gobierno de Coahuila, no sólo es de dudosa procedencia, sino que de nueva cuenta se vincula con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres.

Así lo señaló la presidenta del PRI en Coahuila, Verónica Martínez, quien dijo que la participación del exmandatario sonorense en los procesos locales se registró desde los comicios anteriores, por lo que confió que las autoridades realicen las investigaciones necesarias en este caso.

Indicó que así como presentaron la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), también acudirán al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues existen pruebas contundentes del uso irregular de tarjetas bancarias de nómina, las cuales pertenecen a Banorte.

"Tenemos información y los mismos testimonios que nos hicieron llegar es que Banorte aceptó estas cuentas sin informar a las autoridades hacendarias de los movimientos sospechosos y tampoco reportaron en el hecho de que las tarjetas están a nombre de personas inexistentes", remarcó.

La dirigente del tricolor coahuilense manifestó que en su momento Padrés desvió recursos del erario de Sonora, por lo que ahora esperan que también se aclaren sus vínculos, pues refirió que está claramente identificada la participación del empresario sonorense Aldo Andrés Minjarrez Ortiz, cercano al político ahora preso.

Enfatizó que, de acuerdo con un integrante del "cuarto de guerra" de Guillermo Anaya, otro de los empresarios que lo apoyan económicamente es el director de la franquicia Señor Mollete, Eduardo Sierra González, que tiene antecedentes penales, pues fue detenido en Canadá en 2010 junto con dos personas por la portación de más de 200 kilos de cocaína y metanfetamina.

Martínez puntualizó que una parte de los recursos que financian se utiliza precisamente para el pago de los más de seis mil activistas registrados en una organización sindical fantasma denominado Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República y Conexos.

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