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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este martes reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para transparentar el uso de recursos públicos provenientes de deuda pública.
Los legisladores buscan “dar certeza jurídica al destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante deuda pública en los estados y municipios”, al incorporar el concepto de “gastos y costos relacionados con la contratación de los financiamientos”, con el objetivo de “diferenciarlos de otros gastos adicionales contingentes”.
La precisión incluye “comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago”.
Con los cambios legales, indicaron, “los entes públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional”.
Además, “sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas”.
El dictamen establece que “sólo podrán destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación, cuando las obligaciones se deriven de esquemas de asociaciones público-privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios en inversión pública productiva”.
En la misma sesión, la Comisión de Hacienda aprobó cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, para “generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Se precisa que “corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ser el ente responsable de notificar a los interesados”.