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Frena SCJN acuerdo de Barbosa para controlar policía de la ciudad de Puebla

El 24 de marzo pasado el gobernador Barbosa publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el acuerdo impugnado en el que planteó un panorama negro en materia de seguridad para la ciudad de Puebla.

La Suprema Corte concedió una suspensión del acuerdo de marzo pasado por el que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ordenó que la policía estatal asuma las tareas de la policía municipal de la ciudad de Puebla, por circunstancias de alteración grave del orden público.

“Se concede la suspensión solicitada por el municipio de Puebla. La medida surtirá efectos de inmediato sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, dice un acuerdo publicado este lunes.

El 24 de marzo pasado el gobernador Barbosa publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el acuerdo impugnado en el que planteó un panorama negro en materia de seguridad para la ciudad de Puebla.

Dijo que no sólo hay niveles altos de inseguridad, sino que los cárteles de la droga tienen presencia en la ciudad y han mantienen en una constante disputa, con lo que ello significa para la seguridad de Puebla.

“Fuentes oficiales de seguridad federal continúan refiriendo al gobierno del estado que grupos delincuenciales vinculados con los grandes grupos de la criminalidad organizada, como los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana, llevan operando por años en el estado.

“Mientras que remanentes del Cártel de Los Beltrán Leyva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuentan con células criminales operando en la entidad, particularmente la ciudad de Puebla”, dijo Barbosa para justificar su intención de tomar el control de la seguridad en la ciudad de Puebla.

Estimó que Puebla capital es una zona estratégica y sigue representando uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana.

Esto, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o huachicoleo, con la consecuente incursión en otros mercados o actividades ilícitas como el control del narcomenudeo, extracción ilegal de rentas y la trata de personas, entre otros delitos de alto impacto relacionados como el homicidio y la intimidación de autoridades y candidatos en el contexto del proceso electoral que vive el país este año.

Los efectos detallados de la suspensión no han sido publicados por la Suprema Corte por lo que se desconoce los alcances precisos de la resolución.