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Organización civil acusa red de explotación sexual de menores en escuelas

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia detecta patrones en al menos siete entidades del país.

En al menos siete entidades del país opera una red de abuso sexual infantil en escuelas privadas y públicas que trabaja en colusión con autoridades educativas, según un reporte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

La asociación civil advierte que los delitos son cometidos por personal de intendencia, maestros, personal administrativo y directivos.

El informe de 73 páginas ‘Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas’ afirma que por más de 10 años se han denunciado y litigado casos en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.


La ODI asegura que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no han hecho las acciones necesarias en contra de los directivos, pese a denuncias y declaraciones de menores.

Los patrones confirman que es una red, según la ODI

La asociación detalla cómo el personal que labora en preescolares y primarias abusa sexualmente de los menores en los baños del colegio, o los llevan a lugares fuera de la escuela con el consentimiento de profesores y directores.

También documenta cómo maestros menosprecian las quejas de los niños diciéndoles “No pasa nada. No te preocupes”, por lo que a largo plazo se ven afectados en su salud mental y psicológica.


Niños dicen que fueron trasladados a otros lugares en donde los sedaron para abusar de ellos, otros dijeron ser grabados y fotografiados sin su consentimiento.

“Es decir, lo vivido por los niños y niñas no se trata de varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a los alumnos”, señala la ODI.

En un caso descubierto en 2018, 11 adultos de un preescolar presuntamente abusaron de 49 niños de entre 3 y 5 años al insertar jeringas llenas de agua en sus orificios corporales, una práctica que se repite una y otra vez en varias escuelas.

En documento refiere que en otros casos hay niños que fueron obligados a ver a adultos realizar actos sexuales o abusar de otros niños.

“Los casos identificados son notablemente diferentes de los numerosos casos lamentablemente de abuso sexual infantil cometidos por maestros individuales contra uno o más estudiantes. Estos casos demuestran patrones de conducta delictiva caracterizados por agresiones organizadas cometidas por múltiples adultos perpetradas en escala masiva dentro de las instalaciones de una determinada escuela”, sostiene el informe.

¿Por qué se sigue permitiendo?

La ODI se cuestiona las razones por las que estos adultos fueron contratados, y si hubo complicidad con autoridades educativas para que pudiesen trabajar en los planteles.

“Evidentemente esta situación plantea interrogantes sobre cómo estos perpetradores llegaron a trabajar en la misma escuela. ¿Cómo fueron asignados a este puesto y por quién? ¿Cómo surgió su acción coordinada? ¿Llegaron a este puesto conociéndose o surgió su coordinación una vez trabajando en la escuela?”, se lee en el informe.

“Hemos identificado patrones de comportamiento delictivo que plantean la posibilidad de que numerosas instalaciones primarias y preescolares hayan sido cooptadas y utilizadas para cometer abuso sexual infantil en línea”, afirma.

Para fortuna de padres de familia, algunos de los casos en los que han participado los abogados de la ODI han dado lugar a condenas de agresores. Por ejemplo, en un caso de 2011, seis empleados escolares fueron castigados y recibieron largas condenas de más de 88 años de prisión.

Según el documento, las investigaciones policiales están mal coordinadas con los fiscales y tienden a enjuiciar a los abusadores sin analizar si hubo aún más cómplices involucrados.

Los vínculos organizativos entre casos similares son imposibles de detectar si cada escuela se investiga de manera aislada. La fragmentación garantiza a las organizaciones criminales que es técnicamente imposible detectar cualquier participación que no sean los delincuentes materiales en un caso determinado”, señala.

Agrega que muchas víctimas dicen que había cámaras durante el abuso, lo que plantea la posibilidad de que los actos fueran filmados o fotografiados para su posterior distribución.

“Consideramos que se debe investigar una posible hipótesis de producción de pornografía infantil”, puntualizó la ODI.

Con información de AP