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Con nuevas reglas reviven Quédate en México

Aunque la administración Biden busca el fin del programa, se vio obligada a restaurarlo luego de las decisiones de dos jueces, uno en Texas y otro en Missouri.

WASHINGTON, DC.- Bajo nuevas reglas que contemplan la vacunación de migrantes contra el COVID, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para revivir el polémico programa Quédate en México a fin de que miles de solicitantes de asilo esperen la conclusión de su trámite en territorio mexicano en un plazo máximo de 6 meses, expandido a toda la frontera y a todos los países del hemisferio.

Los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia anunciaron que, después de que México aceptó el regreso del programa, oficialmente llamado Programa de Protección de Migrantes (MPP), resolverán los detalles operativos finales y comenzarán su reimplementación, ordenada por un juez de Texas, a partir del 6 de diciembre.

“Una vez que estén en pleno funcionamiento, las inscripciones al MPP se llevarán a cabo a través de la frontera suroeste y los retornos a México se realizarán en siete puertos de entrada en San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La Cancillería de México precisó que la administración de Joe Biden había aceptado las preocupaciones humanitarias expresadas por el gobierno mexicano, que incluyen más recursos para albergues y organizaciones; protección a los grupos vulnerables e implementar medidas contra el COVID-19, entre otras disposiciones.

“Por ello, por razones humanitarias y de forma temporal, el gobierno de México ha decidido que no devolverá a sus países de origen a determinados migrantes que tengan cita para comparecer ante un juez de inmigración en Estados Unidos para solicitar asilo allí”, precisó.

Alrededor de 70 mil solicitantes de asilo fueron enviados a territorio mexicano durante la era Trump, a pesar de que activistas migratorios se quejaron de condiciones de hacinamiento durante la pandemia, falta de acceso médico y otras condiciones que obligaron a miles de ello regresar a sus países de origen.

Funcionarios estadounidenses indicaron que, como parte de los compromisos, los solicitantes recibirán asesoría legal para garantizar un debido proceso y se buscará que sus casos se resuelvan en un periodo no superior a 180 días. Adicionalmente Estados Unidos desplegará a 22 jueces migratorios dedicados específicamente al programa, a fin de desahogar los cuellos de botella.

Aunque la administración Biden busca el fin del programa, se vio obligada a restaurarlo luego de las decisiones de dos jueces, uno en Texas y otro en Missouri.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Bob Menendez, sostuvo que aun cuando comprende que la administración Biden está reanudando la política para cumplir con una orden judicial, “me preocupa que estén supervisando una expansión de esta política inhumana e implementando la decisión de la corte antes de que se implementen protecciones críticas”.

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