Crisis fronteriza de Biden se ve agravada por pugnas con presidentes centroamericanos

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está atravesando por tensas relaciones con los líderes de los países centroamericanos que han generado un aumento en el número de migrantes hacia EU, lo que complica enormemente su tarea de frenar una creciente crisis humanitaria en la frontera suroeste de ese país.

La mayoría de los potenciales inmigrantes proviene del llamado Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– y sus economías están vinculadas a miles de millones de dólares en remesas anuales de sus ciudadanos que trabajan en Estados Unidos.

Las dificultades son aún más profundas: el presidente de Honduras es acusado por fiscales estadounidenses de ser parte de una conspiración para el tráfico de cocaína, el presidente de El Salvador se negó a recibir a un enviado de Estados Unidos y el Congreso guatemalteco no tomaría juramento de una jueza que lucha contra la corrupción.

“Esta no es una situación en la que hacemos un cheque a los Gobiernos y les permitimos gastarlo como lo deseen”, dijo Roberta Jacobson, quien dejará su trabajo como coordinadora fronteriza de la Administración Biden después de tres meses.

Por supuesto, Estados Unidos no está exento de culpa. Durante muchas décadas, se ha involucrado en cambios volubles para dar la bienvenida y rechazar a sus vecinos del sur, disfrutando de los beneficios que brindan trabajadores vulnerables de bajos salarios. Administraciones anteriores han respaldado intentos de golpe de Estado y han apoyado a dirigentes políticos que llevaron a cabo abusos contra sus ciudadanos. Líderes de pandillas salvadoreñas originadas en las cárceles de Los Ángeles han sido deportados a su país, donde se han apoderado de regiones enteras, propagando asesinatos y caos.

Unos 172 mil migrantes fueron detenidos en la frontera entre México y EU en marzo, la mayor cifra en dos décadas. El problema es el tira y afloja: los habitantes salen de sus países por huracanes, malas cosechas, delincuencia y corrupción, y son atraídos a EU por lazos familiares, trabajo y estabilidad en una economía que se espera genere olas de oportunidades tras la pandemia, y un Gobierno que promete un trato más humano después de los duros años bajo Donald Trump.

Aunque es posible que la inmigración sea el mayor desafío político para los demócratas, Harris tiene pocas soluciones rápidas, dada la política de ambos lados, una realidad que ella reconoce. En una reunión con líderes la semana pasada, dijo: “Si fuera fácil, se habría resuelto hace mucho tiempo”.

Este lunes, se reúne por video con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, antes de una visita allí y a México en junio. No ha hablado ni ha anunciado planes para hablar con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, o el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Funcionarios y asesores dicen que Harris tendrá que idear una combinación de medidas a corto y largo plazo, encontrar organizaciones no gubernamentales para asociarse y usar incentivos para combatir la corrupción.

Las presidencias de El Salvador y Honduras no respondieron a las solicitudes de comentarios. La presidencia guatemalteca dijo que tiene una excelente relación con EU, con un diálogo amplio y fluido y preocupaciones compartidas sobre inmigración, corrupción y desarrollo sostenido que ambos Gobiernos abordarán juntos.

Ricardo Zúñiga, enviado especial de la Administración Biden al Triángulo Norte, dijo a los periodistas que los departamentos de Estado y Justicia podrían establecer un grupo de trabajo conjunto para respaldar la transparencia y la sociedad civil mientras se combate la corrupción.

Honduras

Tratar con el Gobierno de Honduras podría ser el mayor desafío regional de la Administración Biden en un momento en que los inmigrantes hondureños aumentan más que aquellos de los otros dos países.

La Fiscalía estadounidense alega que el presidente hondureño participó en una violenta conspiración para el tráfico de cocaína. Su hermano fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para contrabandear casi 200 mil kg de cocaína a EU. El esfuerzo fue parte de una operación contra el tráfico respaldada por el Estado que le valió al hermano del presidente casi 140 millones de dólares, según los fiscales.

El presidente Hernández también fue citado en otro caso en EU el mes pasado por presuntamente participar en tráfico de cocaína. Ha desestimado las acusaciones calificándolas de mentiras contadas por delincuentes condenados que buscan reducir sus sentencias y dice que sigue comprometido con la lucha contra el tráfico de drogas.

El país celebrará elecciones presidenciales en noviembre y Hernández no se presenta. Eso podría permitir que la Administración Biden mantenga la esperanza de un mejor liderazgo, pero hay poco optimismo de que la corrupción ahí sea un problema con una solución fácil.

El Salvador

Si bien es extremadamente popular en su país, el presidente Bukele ha provocado tensión con la Administración Biden después de ganarse el favor del expresidente Trump. Las relaciones entre los dos países son vitales, ya que una cuarta parte de todos los salvadoreños, más de 2 millones, vive en Estados Unidos.

Bukele rechazó una reunión con Zúñiga este mes después de que la Casa Blanca le hiciera un desaire en febrero durante una visita a Washington, una medida que indica descontento con sus tendencias autoritarias.

Guatemala

El Gobierno guatemalteco ofrece quizás la mejor oportunidad para forjar una asociación a pesar de las continuas preocupaciones por la corrupción.

Las autoridades estadounidenses y guatemaltecas han trabajado juntas para tomar duras medidas contra los narcotraficantes, y hace poco arrestaron a 18 personas buscadas en EU. Harris mantuvo una llamada con el presidente Giammattei y hay otra conversación prevista antes del viaje de la vicepresidenta para verlo en persona en junio.

No obstante, recientes acontecimientos han despertado alarma. El Congreso de Guatemala se negó a tomar juramento a la jueza Gloria Porras, que lucha activamente contra la corrupción, ante la Corte de Constitucionalidad después de que se presentara una orden judicial en su contra. Porras huyó a EU.

La secretaria general de la presidencia de Giammattei, Leyla Susana Lemus, juró ante el tribunal superior, generando la preocupación de Washington y su propio vicepresidente.

Juan González, la principal autoridad para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EU, dijo que la agitación que rodea a la corte es preocupante y que el uso de instituciones legales para proteger a los delincuentes “envía una mala señal”.

José Luis González, coordinador de la organización no gubernamental Guatemala Red Jesuita con Migrantes, dijo que la situación en estos países no ha cambiado y que, mientras exista la misma situación económica, política y social con violencia, corrupción e impunidad, la gente continuará alejándose.