La red de empresas fantasma que ha “facturado servicios” a las últimas administraciones estatal y algunos Ayuntamientos metropolitanos deja en evidencia la ineficiencia de los organismos del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, señaló el Consejo Cívico de las Instituciones.
“Al prevalecer un pacto de complicidad e impunidad entre las propias autoridades de la administración pública y los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), de acuerdo con la clasificación del SAT, han resultado ser muy convenientes para facilitar la corrupción desde el erario”, apuntó el Ccinlac.
Es inconcebible, agregó, que mientras las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción reciban un financiamiento público de más de 600 millones de pesos anuales, a la fecha no exista un solo caso donde se haya hecho justicia.
Por lo anterior, el Ccinlac exigió a funcionarios estatales y de la Fiscalía Anticorrupción acciones firmes para investigar y castigar estos ilícitos.
“A Mauricio Torres Elizondo, Secretario de Administración de Nuevo León, que dé la cara a la ciudadanía y explique cuáles son los controles internos de este Gobierno estatal para evitar que se realicen contrataciones con EFOS, y responda por qué fallaron al haberse realizado las compras referidas en las investigaciones periodísticas”.
A Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción, exigió que abra una investigación de oficio, y que se acerque a colaborar con la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Estatal para poder detectar estas situaciones pasadas y presentes en las contrataciones del Gobierno Estatal y de los municipios.
A Bernardo González, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, que coadyuve a la Contraloría Estatal para realizar las investigaciones correspondientes, detecten y sancionen a los funcionarios responsables de haber incurrido en estas contrataciones de EFOS.
A María de Lourdes Williams Couttolenc, titular de la Contraloría Estatal, y a Martha Patricia Hernández Franco, titular de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, que procedan a revisar todos los procesos de compras y adquisiciones realizados con EFOS en los últimos seis años de esta administración, y presenten un informe público. Y que sancionen a los responsables.
“A Jorge Galván, Auditor General del Estado, primero: que explique por qué nunca detectó esta situación en sus revisiones anuales tanto al Estado como a los municipios metropolitanos, siendo su responsabilidad principal como Auditor; y segundo: que cuanto antes inicie una investigación por posibles responsabilidades administrativas graves y rinda cuentas oportunas y claras sobre su avance”.
