Un juez condenó a Marlon Botas Fuentes a 70 años de prisión por el delito de feminicidio cometido en agravio de Monserrat Bendimes Roldán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
La sentencia corresponde a la pena máxima prevista en el Código Penal del estado para este delito y pone fin a una de las etapas más relevantes del proceso judicial iniciado por los hechos ocurridos en abril de 2021 en el municipio de Boca del Río.
La FGE detalló que la condena fue dictada dentro del juicio oral 47/2024, luego de que el pasado 9 de julio el órgano jurisdiccional emitiera un fallo condenatorio en contra de Marlon Botas Fuentes.
Además de la pena, el juez suspendió sus derechos civiles y políticos y fijó un pago por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 17 de abril de 2021, Marlon Botas agredió físicamente a Monserrat Bendimes al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Casas Tamsa, en Boca del Río, provocándole lesiones de gravedad.
La joven fue trasladada a un hospital, donde permaneció bajo atención médica durante varios meses. Monserrat falleció el 2 de noviembre de 2021 como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante la agresión, principalmente en la cabeza y el cuello.
El caso derivó en la creación de la Ley Monse en Veracruz
Tras la agresión, Marlon Botas permaneció prófugo de la justicia por más de un año. Posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso penal por feminicidio.
El caso de Monserrat Bendimes motivó una serie de iniciativas legislativas en Veracruz encaminadas a sancionar a las personas que ayuden a responsables de feminicidio a evadir la acción de la justicia.
Como resultado, el Congreso del Estado aprobó la denominada ‘Ley Monse’, una reforma que tipifica y castiga las conductas relacionadas con el encubrimiento o auxilio a feminicidas.
La legislación toma su nombre de Monserrat Bendimes y busca fortalecer los mecanismos legales para evitar que familiares o terceros colaboren en la fuga de personas investigadas o procesadas por este delito.
