La mayor deportación de la historia de los Estados Unidos no es una política pública: es una venganza inmoral.
Una causa injusta, absurda y profundamente antiamericana que, para ejecutarse, ha necesitado convertir a ICE (Immigration and Customs Enforcement) en algo cada vez más parecido a un ejército paralelo: agentes encapuchados, operativos opacos, detenciones violentas, persecuciones en calles, redadas en comunidades y una lógica de miedo que no distingue entre criminales peligrosos, trabajadores, padres de familia, estudiantes o vecinos.
Por eso la contención no puede venir de un solo lado. Se necesita una coalición amplia: gobiernos locales, iglesias, universidades, sindicatos, empresarios, abogados, organizaciones de derechos humanos, comunidades migrantes, ciudadanos comunes y gobiernos extranjeros cuando sus nacionales son víctimas.
No para impedir que exista una política migratoria, sino para impedir que esa regulación se convierta en licencia para humillar, aterrorizar o matar.
Terrible injusticia tratar como amenaza a personas que han construido una vida entera en Estados Unidos. Gente que trabaja, paga renta, cría hijos, sostiene comunidades, cuida jardines, sirve comida, limpia oficinas, construye casas, recoge cosechas, abre negocios y hace funcionar partes enteras de la sociedad y la economía.
Indigna escuchar voces retrógradas que se atrevan a decir frases como “se lo buscaron por estar ilegalmente”. “No human es ilegal”, por eso debemos hablar siempre de personas indocumentadas y nunca como ilegales. Miles y miles llevan décadas sin una vía realista para regularizarse.
Para quien crea que es fácil obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos, los invito a que lo intenten y se conviertan en personajes de Kafka ante el absurdo del poder burocrático.
Millones de migrantes no viven escondidos por gusto; viven atrapados en un sistema diseñado para necesitarlos y rechazarlos al mismo tiempo. Atrapados en una encrucijada perversa.
El caso de Lorenzo Salgado Araujo lo ilustra trágicamente. Mexicano, 52 años, casi 35 viviendo en Estados Unidos, padre de tres hijos, trabajador de la construcción baleado por un agente de ICE en Houston en un operativo en el que, según autoridades, ni siquiera era el objetivo. Su familia lo describe como un hombre dedicado a darles una vida mejor.
Los testimonios de sus hijos, la integridad de sus palabras, están dando testimonio de los frutos de su legado: personas con firmeza, con empatía, principios, gente de bien, buenos ciudadanos.
Solo unos días después vino Maine. Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años, padre de una niña de tres años, fue abatido por ICE en Biddeford cuando salía a trabajar. La escena es insoportable: una niña pequeña, su pijamita azul, el padre muerto, la comunidad preguntando cómo una operación migratoria termina así.
Testigos han cuestionado la versión oficial; líderes locales exigen transparencia; incluso se reportó que Johan tenía autorización de trabajo y no era él a quien buscaban.
Ya Minnesota había mostrado la cara positiva de la sociedad estadounidense. Tom Friedman retrató en The New York Times una reacción comunitaria que no fue abstracta ni ideológica, sino una prueba de que la sociedad todavía puede ponerle límites morales al abuso del poder.
Frente a una operación de ICE diseñada para sembrar miedo —redadas, persecución, intimidación y fuerza desproporcionada—, la respuesta no fue el silencio, sino la organización: vecinos avisando a vecinos, iglesias abriendo puertas, comerciantes protegiendo a sus comunidades, abogados ofreciendo defensa, ciudadanos saliendo a la calle para decir que una política injusta no se ejecuta en su nombre.
Su triunfo no consistió en haber derrotado definitivamente a ICE, sino en algo esencial: impedir que la crueldad se vuelva normal. Minnesota mostró que cuando la ciudadanía se reconoce como comunidad y no como espectadora, puede convertir la indignación en escudo colectivo. Frente a la maquinaria del miedo, apareció una fuerza más poderosa: la decencia organizada.
El enojo ya tiene lectura política. Voces como la de James Talarico en Texas han denunciado el caso de Salgado como una vergüenza moral; en Maine, autoridades y ciudadanos han exigido rendición de cuentas por la muerte de Johan.
Esto puede tener consecuencias electorales en el balance de fuerza en el Senado, pero ese no debe ser lo principal. El punto central es más básico: ningún país democrático puede normalizar que una agencia opere como una milicia descontrolada y sin la menor transparencia.
Es positivo que el gobierno de México no se quede cruzado de brazos. La presidenta Sheinbaum anunció que México pedirá acciones penales en Estados Unidos por muertes de mexicanos bajo custodia o en operativos de ICE, incluido Lorenzo Salgado Araujo.
Eso es lo correcto: usar todos los recursos jurídicos disponibles, acompañar a las familias, exigir investigaciones, documentar abusos y sumarse a una coalición internacional y ciudadana para contener una operación descontrolada.
ICE es la tropa de choque de una promesa electoral vengativa. La migración requiere orden, pero también humanidad, proporcionalidad, legalidad y sentido común.
Cuando una agencia pierde esos límites, la sociedad debe ponérselos. Y mientras más amplia sea la coalición, más difícil será que la crueldad y la impunidad se salgan con la suya.
