Chile vuelve a colocarse frente a una decisión que puede marcar su rumbo. La aprobación en el Senado de la reforma impulsada por el presidente José Antonio Kast abre una etapa, pero no resuelve los problemas que pretende atender. Una ley puede modificar impuestos, crear incentivos y reducir obstáculos; lo que no puede hacer es producir confianza, inversión, empleo y bienestar. Eso dependerá de la ejecución.
La iniciativa, denominada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, reúne cerca de cuarenta medidas. Destacan la reducción del impuesto corporativo, la estabilidad tributaria para inversiones, facilidades para destrabar permisos y estímulos al empleo formal. El propósito es reactivar una economía, recuperar la inversión y generar oportunidades laborales.
El diagnóstico es serio. Chile enfrenta bajo crecimiento, desempleo elevado, inflación que presiona a las familias y un deterioro de las expectativas. Cuando una persona teme perder su trabajo, cuando un joven duda de encontrar oportunidades y cuando quien desea invertir no sabe si las reglas permanecerán, la economía deja de ser una discusión de especialistas.
Sin embargo, reducir impuestos o conceder estabilidad regulatoria no garantiza nuevas inversiones. El capital también observa la seguridad jurídica, la calidad institucional, la rapidez de los trámites, la infraestructura, la energía, la capacitación laboral y la capacidad política para sostener acuerdos. La competitividad se construye con condiciones coherentes, no con una sola medida.
Esa es la primera enseñanza: una reforma vale tanto como la confianza que logra generar. Si las reglas son claras, los permisos tienen plazos razonables, los contratos se respetan y las decisiones públicas pueden anticiparse, las personas se atreven a invertir. Cuando domina la incertidumbre, los incentivos pierden fuerza. La confianza reduce costos, facilita acuerdos, acelera proyectos y permite planear a largo plazo.
La segunda enseñanza es que la disciplina fiscal no puede considerarse secundaria. Una reducción de ingresos públicos sólo será sostenible si consigue ampliar la actividad económica, combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto y evitar que el déficit se traslade a las siguientes generaciones. Crecer es indispensable, pero también conservar la capacidad del Estado para financiar seguridad, salud, educación e infraestructura. Prometerlo todo sin explicar cómo se pagará debilita la credibilidad.
La tercera enseñanza es entender que la inversión no es el objetivo final, sino el medio. El éxito no deberá medirse por anuncios de proyectos o por el movimiento de los mercados. Tendrá que reflejarse en empleos formales, mejores salarios, capacitación, movilidad social y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Una economía puede presentar cifras favorables y mantener a millones de personas sintiendo que el progreso ocurre lejos de su hogar.
La cuarta enseñanza es política. La reforma fue aprobada por un margen estrecho y enfrenta cuestionamientos. En democracia, ganar una votación permite avanzar, pero no elimina la necesidad de convencer. Las transformaciones profundas requieren legitimidad, explicaciones transparentes y capacidad para corregir errores. Una reforma percibida como imposición puede ser revertida; una reforma comprendida y evaluada puede convertirse en política duradera.
Chile posee ventajas: apertura comercial, recursos estratégicos, talento humano, experiencia institucional. También arrastra problemas de productividad, desigualdad, burocracia, desconfianza y fragmentación política. La reforma puede ayudar, pero su éxito dependerá de que no se convierta en una batalla ideológica permanente.
El gran reto chileno será demostrar que crecimiento y cohesión social no son caminos opuestos. La inversión necesita libertad y certeza; la sociedad necesita oportunidades y protección. La eficiencia pública no significa abandonar a quien enfrenta mayores dificultades, y la responsabilidad social no debe confundirse con obstaculizar a quien produce, emprende o genera empleo.
Las próximas decisiones serán más importantes que la aprobación: reglamentos claros, evaluación constante, transparencia, rendición de cuentas y diálogo social. Cada medida deberá responder una pregunta: ¿Está mejorando la vida de las personas?
Chile no será evaluado por el tamaño de su reforma, sino por la calidad de sus resultados. Si logra recuperar la confianza, atraer inversión, generar empleos y mantener responsabilidad fiscal, habrá abierto una ruta valiosa. Si queda atrapada en la polarización, la incertidumbre o la mala ejecución, la oportunidad se habrá desperdiciado.
Las naciones progresan cuando convierten el debate en acuerdos, los acuerdos en acciones y las acciones en resultados. Ese es, en esencia, el reto chileno. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!