¡La lucha sigue! Atitalaquia continúa batalla vs. contaminación tras asesinato de Jesús Bañuelos

Atitalaquia enfrenta una severa crisis socioambiental. Desde hace 40 años sus pobladores respiran toneladas de sustancias tóxicas provenientes de cinco cementeras que incineran residuos; una refinería; una termoeléctrica, y otras fábricas ubicadas a lo largo del corredor industrial Tula-Tepeji.

En enero pasado, la situación amenazaba con empeorar. La empresa Ecological Solutions México (ESMex) inauguró, con la venia del Gobierno de Omar Fayad, un centro de tratamiento de residuos tóxicos al que llegarían los desechos de nueve municipios, incluido Atitalaquia.

Los pobladores, alarmados por la flexibilidad de las autoridades, comenzaron a organizarse para exigir información y protestar en contra del establecimiento del centro.

“¡No al basurero ilegal!, ¡No a la corrupción! y ¡Basta de contaminación!”, se leía en las lonas.

A mediados de mayo decidieron plantar un campamento en sus inmediaciones para impedir la llegada de camiones de basura. Había pasado casi un mes del plantón cuando una decena de sujetos armados aparecieron en el lugar y tiraron del gatillo, asesinando al activista Jesús Bañuelos Acevedo e hiriendo a otros dos compañeros.

El crimen se convirtió en la vía para la respuesta que habían estado esperando. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se pronunció dos días después, clausurando las instalaciones de manera temporal, mientras que el Gobierno Federal encomendó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) darle seguimiento al caso.

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Pese a los avances, la lucha aún no termina para los integrantes del grupo No al Basurero de Atitalaquia, quienes actualmente impulsan un juicio político en contra de autoridades locales, gestionan el cierre definitivo del centro y buscan la construcción de un complejo ecoturístico.

No ofrecen respuestas

El gobernador Omar Fayad se presentó en Atitalaquia a inicios de año para inaugurar la primera de cuatro etapas del centro de tratamiento de residuos de ESMex.

El proyecto, que se extiende por alrededor de 18 mil metros cuadrados, prometía beneficiar a más de 300 mil habitantes. Sin embargo, su cercanía con la unidad habitacional 18 de marzo y el temor de que se convirtiera en fuente de basura para los hornos de las cementeras alertaron a los ciudadanos.

Desde ese mismo mes comenzaron a solicitar información sobre el proyecto, pero solo llegaban negativas. Fue hasta después del asesinato de Jesús que lograron cuestionar a las autoridades estatales y locales frente a frente, no sin antes pasar por algunos inconvenientes.

“Teníamos una reunión el viernes pasado (24 de junio) a las 12 del día. Sin embargo, la posición del gobierno era acudir a la capital, que porque ellos decían que no era un sitio seguro para que acudieran acá. Se estuvo gestionando hasta casi las ocho de la noche para que vinieran”, narró la doctora y activista Carolina García.

Finalmente, una comisión conformada por representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y funcionarios municipales acudieron a las mesas de trabajo organizadas por los ciudadanos.

Ahí, los inconformes exigieron documentos que comprobaran cómo se aprobó el centro de tratamiento, pero la Semarnath argumentó que el expediente estará resguardado por dos años debido a una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

“Su respuesta fue que se atendieron todos los permisos por fechas y que era difícil explicarnos, pero todo fue paso a paso y si lo aprobaron es porque tiene el respaldo... su posición es que no le están dando resolución y están poniendo trabas para que no se lleve a cabo el diálogo”, acusó Carolina.

Ese fue un primer intento. El segundo fue con el presidente municipal, Lorenzo Agustín Hernández, quien aseguró que entregaría los permisos que acreditaban las operaciones de ESMex al siguiente día (25 de junio), en la junta con los funcionarios de cabildo.

“El municipio se comprometió a hacer una reunión urgente con el cabildo para revocar la concesión. Pues sí, se llevó a cabo al siguiente día. Sabemos que revocaron la concesión, sin embargo, no han entregado el acta a pesar de que ya la firmaron todos los regidores, el presidente la tiene y no la ha liberado para que se puedan comenzar más trabajos”, indicó la activista.

Juicio político: Una nueva respuesta a la inacción

Las copiosas faltas por parte de los administradores locales llevaron a los pobladores a iniciar un proceso jurídico en su contra: el juicio político.

“El juicio político es una herramienta que se plantea en la Constitución local con la intención de sancionar servidores públicos por violaciones graves a las garantías individuales o sociales, por cualquier infracción a dicha Constitución o a las leyes cuando causen perjuicios graves a la sociedad o por omisiones de carácter grave”, explicó Eduardo García, abogado y habitante de Atitalaquia.

Eduardo, junto con integrantes del Comité de Defensa Ambiental del municipio, presentaron una denuncia el pasado 1 de julio ante la oficialía de parte del Congreso del Estado en la que señalan una serie de violaciones en contra del derecho al medioambiente sano y digno; a la salud; a la vida; a la libertad de expresión; reunión y asociación de los pobladores de la zona; además de acusar a las autoridades locales de haber permitido la operación del basurero y por haber firmado la concesión con ESMex.

Tres días después, los activistas se presentaron para ratificar la demanda y al otro día, el 5 de julio, arrancó el proceso en el Congreso estatal.

“Lo que se busca es que en un año se resuelva este esta denuncia, teniendo por efecto la destitución de quienes resultan responsables y su inhabilitación por al menos 10 años”, detalló Eduardo.

El presidente municipal, Lorenzo Agustín Hernández Olguín; la sindico procuradora, Viridiana Cerón Solís así como los regidores, Humberto Hernández Hernández, Leticia Montoya González, Johnny Neri Reyes Álvarez, Monserrat Eli Lienzo Rivera, Blas Pérez Lara y Rosalío López Villeda, son las personas que podrían ser destituidas.

Mientras el proceso continúa, los inconformes contarán con acompañamiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o al menos eso prometió su titular María Luisa Albores durante una reunión con los pobladores, en la que también lamentó que la zona sea un infierno ambiental.

De infierno a paraíso ambiental: La búsqueda por un espacio sano

El municipio de Atitalaquia se encuentra en una de las seis regiones del país denominadas como infiernos ambientales.

En los infiernos ambientales proliferan industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas que coinciden con espacios urbanizados sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, señala el informe Empresas Transnacionales y Libre Comercio en México: Caravana sobre los impactos ambientales, publicado en 2021.

La problemática ambiental en la región Atitalaquia-Tula-Apaxco se divide en tres épocas. La primera inició en 1975 con la construcción de la presa Endhó; la segunda corresponde a la llegada de las aguas negras de la Ciudad de México, agravándose con la ampliación de la refinería de Tula al doble de su capacidad y con el inicio de las actividades de una termoeléctrica, y la tercera, que comienza desde 1980 y se extiende hasta la fecha.

“En esta última se ubican las explosiones de plantas agroquímicas de Atitalaquia en 2013, la proliferación de las caleras cementeras y su consecuente contaminación del aire”, indica la Semarnat.

El centro de tratamiento de residuos tóxicos de ESMex amenazaba con agravar la contaminación de las cementeras pues había indicios de que estos desechos serían incinerados en sus hornos para generar energía.

“En internet circula información de que en realidad lo que se va a hacer propiamente dicho es una planta de residuos sólidos urbanos. Eso quiere decir que es una planta de producción de pacas de energía con las cuales se abastece a la industria de la incineración, que es básicamente la industria del cemento”, detalló Andrés Barreda, economista y académico de la UNAM.

Esta industria ha sustituido el coque proveniente del petróleo por la quema de residuos municipales con alto poder calorífico como combustible para los hornos que se utilizan en la elaboración de cemento, por considerarse una opción ambientalmente favorable, explica la investigadora Susana Rappo.

Sin embargo, hay organizaciones que señalan lo contrario. De acuerdo con Ecologistas en acción, la quema de residuos no solo no reduce las emisiones de las cementeras, sino que en algunos casos las aumenta, además de repercutir gravemente en la salud de las personas.

Estudios preliminares del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) demuestran que la calidad del aire de la región se encuentra en una situación crítica mientras que se han registrado un gran número de casos de cáncer, enfermedades infecciosas, dermatológicas y renales en la zona.

Fue por esta razón que el grupo No al Basurero de Atitalaquia decidió actuar. Además de buscar la clausura definitiva del vertedero se planteó un proyecto para restaurar la región a través de la construcción de un parque ecoturístico en los terrenos de la fallida refinería de Tula.

Sin embargo, Omar Fayad, quien se había comprometido a llevarlo a cabo, “no ha movido ni una piedra”. Ahora, el proyecto podría ser retomado por la Semarnat o al menos eso sugieren los acuerdos a los que se llegaron en las mesas de trabajo pasadas.

“Se trata de hacer muchas gestiones, pero no quitaremos el dedo del renglón para que sane un poquito nuestra región Tolteca y tengamos un área verde porque mucha falta le hace”, afirmó Carolina García.