CIUDAD DE MÉXICO.- La posibilidad de que Argentina vuelva a caer en default técnico como hace 13 años aumentó ayer debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición del país sudamericano de tener más tiempo o "stay" para negociar el pago de los bonos restructurados con un pequeño grupo de acreedores.
Y es que ayer el juez de la corte de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, rechazó la petición de los abogados de Argentina que suspendería temporalmente la sentencia judicial que obliga al país a pagar a los bonos holdouts o fondos buitre beneficiados por la sentencia del juez.
Cabe mencionar que el recurso que solicitaron los abogados buscaba evitar el incumplimiento de un pago que debe hacerse a acreedores que sí aceptaron reestructuraciones y poder abrir una negociación con los demandantes sin riesgo de sufrir embargos.
Pero con el fallo del juez se encienden las alarmas de un nuevo default si no paga al grupo de acreedores no reestructurados encabezados por fondos de cobertura.
Por su parte, hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, declaró que el gobierno ya depositó más de mil millones de dólares para cumplir con los vencimientos de capital e intereses de la deuda del próximo lunes.
Kicillof expresó que "no cabe duda de la parcialidad del juez a favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención de llevar a la Argentina a un default". "El fallo absurdo constituye una forma sofisticada para tratar de ponernos de rodillas ante los usureros globales".
El pronunciamiento del juez Griesa se produjo minutos después que el gobierno argentino anunció el pago.
NECESIDAD DE MEDIDAS
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), planteó la necesidad de establecer un mecanismo internacional que resuelva los conflictos de intereses suscitados por defaults soberanos.
Explicó que el tema de Argentina pone de relieve la ausencia de un mecanismo de este tipo, pues la decisión no solo dificulta o imposibilite que el país continúe con el pago de la deuda reestructurada, más bien atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional.
Añadió que constituye un precedente que dificultaría otros procesos de reestructura.