Con más de seis años de existencia, el mercado de certificados de capital de desarrollo (CKDes) no morirá con la llegada de los certificados de proyectos de inversión (Cerpis), aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Tras someter a consideración las disposiciones a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), los Cerpis se planearon con la idea de crear un vehículo que fuera equiparable con los fondos de capital privado internacionales, mediante el cual se atrajeran al país a grandes desarrolladores de private equity, detalló la CNBV.
Los referidos certificados se destinarán al financiamiento de proyectos, así como a la inversión en el capital social de sociedades, directa o indirectamente mediante vehículos de inversión.
Esto es, la posibilidad de invertir en una diversidad de proyectos en todos los sectores económicos, facilitando a los grandes inversionistas participar en estas emisiones.
Es por ello que el Cerpi está dirigido sólo a inversionistas institucionales y calificados para dirigir instrucciones a la mesa.
La autoridad, sostuvo en una publicación interna de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), que los Cerpis no van dirigidos al inversionista minoritario o retail porque, al poder tener llamadas de capital, éste se vuelve un instrumento ilíquido, además de contar con un alto riesgo de ejecución de proyectos.
"Los Cerpis buscan que la decisión de inversión esté basada en gran medida en la experiencia del administrador. Sólo están calificados para ejercer decisiones a la mesa, los que tienen 20 millones de udis. Alguien con menos de esta cantidad, no puede acceder directamente a un Cerpi; podría hacerlo a través de un fondo de inversión o de su Afore pero directamente", explicó la CNBV.
Con el Cerpi, el administrador toma todas las decisiones de inversión y desarrolla los proyectos, mientras que los inversionistas tienen más facultades de supervisión para que las decisiones sean según los parámetros que se acordaron inicialmente. Esto es distinto en CKDes y Fibras inmobiliarias donde cualquier inversión de más de cinco por ciento pasa al Comité Técnico o del más de 20 por ciento pasa a la Asamblea de Tenedores, perdiendo flexibilidad o agilidad en la toma de decisiones de inversión.