El gobierno mexicano se apoderó de la proveedora petrolera Oceanografía hace un año, ofreciendo como garantía salvar empleos, mantener operaciones, proteger a inversionistas y llegar al fondo de un presunto fraude por 400 millones contra Citigroup.
En lugar de ello, la compañía está reduciendo su plantilla en más de 85 por ciento desde un máximo de 11 mil empleados, y ha pedido a los acreedores aceptar pérdidas de más del 99 por ciento.
Aunque el director de Oceanografía, Amado Yáñez, está preso por presuntamente proporcionar datos falsos para obtener préstamos de Citigroup, sus procesos judiciales son secretos y los fiscales no han explicado públicamente cómo ocurrió el fraude. Un juez rechazó casi todos los reclamos del grupo financiero con sede en Nueva York en el caso de bancarrota.
"El negocio no es lo que era antes y ha estado disminuyendo, dado que no tiene contratos suficientes para tener la flota que tenía antes", dijo Felipe V. Consuelo Soto, juez que preside el caso de quiebra de la empresa.
RECLAMACIONES DE BANCARROTA
La caída de 45 por ciento en los precios del petróleo del año pasado ha reducido la demanda de buques de la compañía, comentó el contador designado por el gobierno en el caso de bancarrota.
Los acreedores rechazaron el plan del contador de darles 0.19 centavos por dólar en sus solicitudes de bancarrota. No han presentado un plan alternativo El mes pasado, el juez concedió una prórroga de 90 días para que los acreedores trabajaran en un acuerdo antes de que comenzaran los procedimientos de liquidación.
Alejandro Sanz, abogado con sede en la Ciudad de México que asegura representar a la mayoría de los tenedores de bonos de Oceanografía en el caso de la quiebra, dijo que el grupo ha "estado trabajando con un asesor financiero" en una propuesta que será enviada al juez.
Tras la adquisición del gobierno, el tema de Oceanografía se volvió político, esto en medio de reportes de los medios sugiriendo que esta empresa fue utilizada como vehículo para canalizar dinero al PAN. Funcionarios del partido dijeron que las irregularidades de la compañía vinieron de los contratos firmados después de que ya no ocupaba la presidencia.