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Los habitantes de una comunidad en Témoris, Chihuahua, cerraron desde el 16 de marzo la válvula del ducto de gas de la empresa TC Energy.
Desde entonces, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la compañía, Leonardo Robles, exigió la reapertura de la válvula.
El ducto lleva gas desde la frontera norte a Topolobampo, Mazatlán y Hermosillo; sin embargo, los habitantes consideran que los gasoductos afectan a ‘El Encino-Topolobampo’ y ‘El Oro-Mazatlán’.
Por ello exigen el pago de 60 millones de dólares a la empresa canadiense debido a los agravios hacia los habitantes.
La válvula continúa cerrada desde hace seis semanas debido a que la empresa canadiense se niega a pagar una indemnización.
El abogado que representa a la comunidad, Martin Millanes, explica que el transporte de 600 millones de pies cúbicos de gas natural viola la Ley Agraria, Ley Ambiental y otras normas.
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“Incluso, el Tribunal Unitario Agrario del distrito cinco con sede en Chihuahua, en el expediente 1064/2017, en sentencia firme, decretó desde el 2018 la nulidad de las escrituras y contratos que amparaban el paso del gas por nuestra comunidad, ordenando desde ese año la celebración de nuevos contratos que fuesen justos y apegados a las legislaciones agraria, civil y de hidrocarburos”, explicó a El Financiero.
TC Energy ofreció a los habitantes un pago único de 25 millones de pesos, lo cual es muy distinto a lo que ellos piden.
Los habitantes de la comunidad se quejan de que se ha transportado gas natural de forma ilegal durante los últimos años.
Segob pide la reapertura del ducto de TC Energy
Durante la conferencia matutina de este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pidió a la comunidad agraria de Témoris, Chihuahua, abrir la válvula.
El funcionario prometió que atenderá a los ejidatarios y establecerá una mesa de diálogo junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que también resulta afectada por este hecho.
“Mantienen un reclamo por el pago de una indemnización. Hay ya una resolución de tribunales agrarios que obliga a revisar los contratos de ocupación superficial o de derecho de paso celebrados entre una empresa propietaria del ducto y la comunidad”, añadió.
El secretario de Gobernación advirtió que, de no resolverse el conflicto, podrían ocurrir apagones en Sinaloa y Sonora y “hasta está en riesgo la vida”, agregó.
*Con información de Héctor Usla.