Economía

Crece polémica por reforma en hidrocarburos

Empresarios y expertos indican que la iniciativa de AMLO para modificar la Ley de Hidrocarburos elevaría los precios al consumidor y genera incertidumbre jurídica.

La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado viernes a la Cámara de Diputados generó controversia entre los empresarios del sector, sobre todo por la posibilidad de que las autoridades suspendan permisos y de que al eliminar la competencia, se genere un incremento en los precios de petrolíferos, además de que contradice a la Constitución.

Para Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, la reforma elevaría los precios al consumidor.

“Al haber menor competencia, va a dejar de haber precios accesibles de los petrolíferos. El mercado va a seguir siendo regulado por el principal oferente de combustibles que se llama Pemex”, apuntó.

Previó que el desarrollo de esta modificación sea similar al que se ha dado con la aprobación a la reforma de la Ley de Ia Industria Eléctrica, misma que generó amparos que lograron suspenderla.

Por su parte, la unión de gasolineros más grande del país, Onexpo, advirtió que la iniciativa contradice la Constitución en cuanto a la participación del sector privado en la industria de petrolíferos, por lo que antes de aprobarse requiere de un análisis integral para evitar afectaciones en la competencia.

“La reforma presenta elementos contradictorios con principios y reglas establecidos por la Constitución para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos”, planteó.

“Hacemos un llamado respetuoso a los legisladores a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, que considere la totalidad de los posibles efectos negativos que dicha reforma tendría sobre consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían lesivos a cualquier forma de competencia económica”, declaró en un comunicado.

En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostuvo que la reforma representa el riesgo de expropiación.

“Desplaza al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes”, señaló.

Manifestó que la iniciativa genera incertidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan también las modificaciones promovidas en el sector eléctrico.

Seguirá reforma de Peña: AMLO

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no derogará la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que le quitará las “aristas más filosas”.

“Ahora tenemos que reparar el daño en la medida de lo posible porque fue mucho el daño que se causó. (En la iniciativa enviada al Congreso), realizamos estas reformas secundarias que no tienen que ver con derogar la reforma energética, sino que es quitarle las aristas más filosas a la llamada reforma energética”, comentó.

El mandatario destacó que su iniciativa es una ‘actitud moderada’ en la que no se cancela la posibilidad de que compañías privadas hagan negocios con las empresas del Gobierno, y negó que se busque revocar contratos.

“Hablan de expropiación, (pero) no estamos revocando los contratos que entraron para extraer petróleo con el mecanismo de utilidad compartida, eso continúa. No estamos quitando concesiones mineras, no estamos cancelando contratos en la industria eléctrica, nada de eso”, destacó el Presidente de México.

Proyectos en puerta

Por su parte, César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, dijo que la iniciativa tiene un complemento a la Ley de Almacenamiento que ofrece certeza jurídica, ya que si no se cuenta con esta capacidad, la Secretaría de Energía no otorgará los permisos necesarios.

“Anteriormente para importar se necesitaban dos cosas: ser mexicano y tener un celular. Eso hizo que proliferaran cientos de permisos y todo el robo fiscal se fue por ese lado”, comentó.

Sin embargo, dijo que aún no están claras y parecen discrecionales los motivos que originarán la suspensión de los permisos.

En tanto, Beatriz Marcelina, presidenta del Grupo Ciita, una consultora especializada en cumplimiento de normatividad de hidrocarburos, señaló que la principal afectación sería a la importación y comercialización de los productos.

“Los comercializadores son todos aquellos permisionarios que se dedicaban a revender el combustible. Va a afectar mucho porque muchas de las comercializadoras entregaban a varias importadoras y podrían desaparecer esa actividad, ya que hay intención en la iniciativa de revocar los permisos”, declaró la experta.

Diana Pineda, socia del despacho de abogados González Calvillo, destacó que todos aquellos que se encuentren solicitando permisos para operar petrolíferos y no puedan cumplir con los mínimos requeridos de almacenamiento, podrían defenderse legalmente si se aprueba la iniciativa presidencial.

“No tenemos certeza de cuánta capacidad de almacenamiento se ha añadido en los últimos años de manera eficiente. En 2019, no estaban listas todas las terminales de almacenamiento que se tenían previstas”, dijo.