Es buena noticia que la red de instituciones, base de un sistema democrático y de contrapesos fuerte, siga de pie.
La alternativa de fortalecimiento del Estado mexicano ha fracasado.
El presidente de la República es el gobierno de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, pero no es su representante.
No han existido acciones gubernamentales, legislativas, ni resoluciones judiciales que impongan a empresas privadas la obligación de reparar el daño causado a otras.
El presidente López Obrador confirmó la creación de una empresa del Estado para la exploración y explotación de litio, un mineral estratégico, utilizado en la fabricación de baterías eléctricas y conductores de calor.
El diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos, presentó una iniciativa para que el Estado sea el que administre el ahorro para el retiro de los trabajadores, cediendo la gestión al Banco del Bienestar.
Las mismas rutinas están cansando, ahora hay más tiempo para cambiarlas.
El Estado y el desarrollo no son palabras huecas. Su papel decisivo para atravesar con bien el hoyo negro de este cambio de época merecería más atención que la que le hemos brindado.
Es esencial que los Sistemas creados en México compartan información y trabajen de manera conjunta, en vías de lograr resultados efectivos en la lucha contra la corrupción, y así, fortalecer el compromiso de rendición de cuentas del Estado mexicano.
El costo para la política democrática puede ser mayor y de incalculables consecuencias para el de por sí abollado orden público con que contamos.