Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
El desgaste y las presiones para someter ideológicamente tanto a los funcionarios públicos como a las mismas instituciones nacionales ha afectado el desempeño y rendimiento del Estado mexicano que aún está en proceso de consolidación. A pesar de que el Poder Ejecutivo sigue funcionando como el actor político más importante, se ha hecho evidente que está disminuido en sus capacidades institucionales que le sirven para resolver problemas en lo general. Otros componentes del Estado también se han visto mermados y reducidos en sus capacidades. Por ello, al momento se ve cada vez más lejano el camino que permita rescatar los resultados prometidos a una sociedad ávida de paz, seguridad y perspectivas de prosperidad y justicia social. El gobierno continúa sin entender la fórmula para generar resultados, mientras se ve al conjunto del Estado en declive y con perspectivas riesgosas e inciertas.
El rumbo de gobierno que ha caracterizado a esta administración no solo ha mermado el avance en prácticamente todas las áreas en las que se tienen retrasos y enormes carencias, sino que ha alejado, cada vez más, la oportunidad de brindar estrategias reales de solución a dichos rezagos. La alternativa de fortalecimiento y robustecimiento para el Estado mexicano, al menos con la evidencia que se cuenta al momento, ha fracasado.
Los tres poderes públicos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presentan déficits democráticos importantes. La falta de respeto a la Constitución y a las leyes por parte del Ejecutivo y las mayorías del Legislativo, al lado de ineficiencias y defectos del Poder Judicial, han dejado como saldo una enorme concentración de atribuciones y poder en la figura del presidente, bajos niveles de transparencia y pocos controles entre poderes, así como enormes niveles de impunidad y mucha opacidad.
Las principales amenazas que enfrenta el Estado democrático en México tienen que ver con que el Ejecutivo federal siga concentrando poder y facultades formales e informales, elimine cada vez más contrapesos y logre subordinar a mediano plazo a los poderes Legislativo y Judicial. Esta amenaza no es menor, porque atenta contra la democracia y sus bases, como también a la separación de poderes que son fundamento de cualquier Estado democrático. Asimismo, la falta de límites para el Ejecutivo federal pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos. Las agresiones en contra de todos aquellos que critican el ejercicio gubernamental podrían escalar y atentar contra derechos como la libertad de expresión.
Algunas de las oportunidades de mejora para el Estado mexicano están relacionadas con la posibilidad que la Corte tiene para demostrar una autonomía total en sus sentencias y decisiones jurídicas, así como para convertirse en un órgano de control constitucional que base sus decisiones únicamente en razonamientos de orden jurídico y logre contener las amenazas que sobre ella se ciernen. Asimismo, las elecciones de 2024 servirán como un examen a quienes gobiernan en la actualidad, y una nueva conformación parlamentaria podrá transformar al Congreso para poder pasar de ser un poder reactivo a uno activo, que impulse reformas y políticas sin necesidad de consultar o recibir órdenes del Ejecutivo federal, y que refleje la pluralidad del país. En este sentido, el Congreso puede ser más proactivo y convertirse en otro de los poderes del Estado con peso propio y poder real.
La complejidad política en este momento en el país es enorme y se ha hecho evidente la incapacidad del Estado mexicano para retomar un rumbo adecuado que refleje las aspiraciones de los mexicanos y el bienestar general. Prácticamente todos los actores que lo conforman, incluida la sociedad misma, han fallado de una u otra manera. Unos por incapacidad propia y otros por estar cercados por el inmenso poder unidimensional que se ejerce desde Palacio Nacional.