Este artículo se intitula como un libro de Norberto Bobbio publicado en 1985 y traducido al español en 1989. Esos eran años de consolidación democrática en Europa occidental que anticipaban a las transiciones latinoamericanas de los años noventa.
Me acordé de aquel volumen el día de ayer cuando el presidente López Obrador explicaba a su entender la diferencia entre los partidos y el gobierno. Esto fue lo que dijo: “Decirle a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte; gobierno es la representación de todo el pueblo”.
Al escucharle pensé que valía la pena intentar algunas precisiones teniendo en mente el presente mexicano. Tenemos cinco conceptos en la mesa: Estado, gobierno, sociedad, partidos y pueblos. Intentaré acomodarlos.
El Estado es, ante todo, un conjunto de instituciones. Si pensamos en México podemos decir que los tres poderes de la Unión, las entidades federativas, los diferentes órdenes de gobierno, los órganos constitucionales autónomos, etcétera, conforman al Estado mexicano.
El gobierno es solamente una de las instituciones de ese Estado. El artículo 80 de la Constitución determina quién lo encabeza: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’”. De esa persona depende la administración pública federal, que no es poca cosa, pero no es —como de manera errada sostuvo el presidente— “la representación de todo el pueblo”. Es el gobierno de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional pero no es su representante.
La sociedad es plural y diversa y se encuentra integrada por una variedad de actores. Su principal componente somos las personas o individuos que se clasifican en diversas categorías. Por ejemplo: nacionales o extranjeras; menores de edad o ciudadanas (por ser nacionales y mayores de edad), etcétera. Esas personas se articulan en múltiples formas de organizaciones que son parte de la sociedad: comunidades, empresas, asociaciones civiles, iglesias, etcétera. En ese cajón caben “los pueblos” a los que se dirige en su alocución el presidente. Pero insisto en el dato fundamental: esas personas individuales y sus diferentes formas de organización son plurales y diversas.
Precisamente por lo anterior, el tema de la representación es complejo. Si pensamos en la dimensión política tenemos que, en los sistemas democráticos, corresponde a los partidos políticos organizar esa pluralidad. En eso tiene razón el presidente. Cada partido político o coalición partidista agrupa a la parte de la ciudadanía que milita o al menos vota por sus propuestas y candidaturas. Pero los partidos tampoco representan a la sociedad. Son medios para lograr la representación pero no son órganos representativos.
Dada la pluralidad social, la representación política solamente puede recaer en órganos colegiados también plurales. Esa es la función de los cuerpos legislativos. En el caso de México, las cámaras de diputados(as) y de senadores(as). De hecho, para garantizar que la pluralidad que reside en la ciudadanía se vea reflejada en los órganos de representación legislativos se adoptan fórmulas como las diputaciones y senadurías plurinominales. Se trata de mecanismos que promueven la presencia de las minorías en los parlamentos para que, precisamente, se encuentren representadas.
Si pensamos en el México actual podemos asentar algunos apuntes que se desprenden de las distinciones conceptuales anteriores:
a) Cuando el presidente de la República se confronta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o propone desmantelar al Instituto Nacional Electoral, por mencionar dos casos de conflicto recientes, es atinado advertir que existe el riesgo de una crisis de Estado.
b) El presidente López Obrador encabeza un gobierno con un significativo apoyo popular, pero no representa a la sociedad mexicana en su conjunto. De hecho, existen muchas personas que acatan su autoridad pero cuestionan —o de plano repudian— sus políticas y decisiones.
c) La pluralidad política de la sociedad mexicana es una realidad que merece reconocimiento y respeto. Las elecciones del Estado de México y de Coahuila del domingo pasado dan cuenta de ello. No sólo importa mirar quién ganó y quién perdió en cada caso sino es menester aquilatar la distribución del voto entre partidos políticos vencidos y vencedores.
d) El llamado ‘plan C’, que consiste en lograr un resultado electoral que apabulle a las minorías y garantice mayorías calificadas al partido gobernante en 2024, es políticamente y legalmente válido, pero podría resultar democráticamente ilegítimo. Sería negar espacios de representación legislativa a quienes disienten desde una posición minoritaria que merece tener voz y voto. Eso no es democrático.