Elección de jueces y ministros

No se trata de desconfiar del voto ciudadano sino de garantizar que el voto se ejerza sobre opciones genuinamente calificadas.

La reforma judicial apareció en nuestra Constitución en septiembre de 2024. Sin embargo, comenzó a gestarse tiempo atrás.

Se incorporó en la Constitución una causal de anulación por injerencia extranjera que aún requiere de normas secundarias y cuya aplicación estará lista para la contienda presidencial de 2030, pero que avanza como un pretexto para anular las elecciones que no les favorezcan.

El Congreso General discute este martes la llamada Ley Monreal sobre injerencia extranjera en elecciones y la propuesta para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.

Morena y partidos aliados 'aprovecharon' su mayoría en el Congreso para dar luz verde a un nuevo periodo extraordinario para analizar y votar la reforma que propone mandar la elección judicial a 2028.

Con el argumento de combatir privilegios y acercar la justicia al pueblo, el oficialismo impulsó la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sobre el papel suena atractivo. En la práctica, ha representado un grave riesgo para la independencia judicial.

La presidenta propone mover las elecciones judiciales de 2027 hasta el año siguiente, por la complejidad de este tipo de comicios.

Con el envío de la propuesta de reforma para mover la elección judicial a 2028 se plantea un periodo extraordinario en el Congreso.

Lo que se puede prever para dentro de un año es, sin exagerar, un desastre operativo y una simulación democrática que no sólo desdibuje los comicios judiciales, sino además ponga en riesgo algo ya ganado: la certeza y confianza en elecciones constitucionales para renovar la Cámara de Diputados, elegir 17 gobernadores, 30 congresos estatales y presidencias municipales en 30 estados de la República.

Guadalupe Taddei dijo que la reforma de la reforma judicial debe aprobarse antes del 3 de junio.