Al parecer, aquí no aplica lo de “el horno no está para bollos” o tal vez de lo que se trata es de agitar aún más las aguas para que lo verdaderamente delicado se desdibuje y a “río revuelto…”
Comentábamos la semana pasada que es difícil recordar un momento tan crítico en las últimas décadas como el que estamos viviendo. Se acrecientan las noticias bien soportadas que dan sustento a la sospecha popular de la colusión entre el crimen organizado y los responsables de combatirlo, los ojos de las autoridades norteamericanas puestos en ello y la tensión que todo eso trae consigo para la gobernabilidad del país y la legitimidad institucional.
Todo lo anterior ya trascendió al círculo rojo y permea en los más diversos círculos sociales, como lo consignan diversas encuestas que documentan la pérdida de popularidad de la Dra. Sheinbaum y de su partido, a pesar de que la narrativa presidencial pretende reducir toda esa percepción al mundo de la “comentocracia”, ¡vaya calificativo! Bien aprendido de su antecesor, que sin argumentos pretendía descalificar a todo aquello que sonara a crítica, pero el malestar suele derribar hasta al más encumbrado.
A todo eso se suma el riesgo de que lo que resulte de los comicios del próximo año sea todo menos certeza y legitimidad, es decir, confusión, abstencionismo, coerción y “acordeones”. Reglas a modo y resultados inducidos.
Desde el primer momento en que López Obrador planteó su propuesta de reforma al Poder Judicial, se advirtió que se trataba de la clara intención de controlar políticamente a ese poder, más que de la intención de mejorar la administración e impartición de justicia.
Sin respiro, para que no quedara duda, en el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, se aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial y, entre otras consideraciones, se resolvió que quienes ocupen las posiciones de jueces, magistrados y ministros de la Corte resultarán de elecciones en votación abierta a la ciudadanía.
Advertimos que se trataba de una NO IDEA dada la naturaleza de las tareas que desempeñan quienes son responsables de impartir justicia.
Quien ocupe ese nivel de responsabilidad no debe pasar por el tamiz de la popularidad, sino de la formación, la trayectoria, la experiencia y, sobre todo, del desempeño.
Al año siguiente de aprobada la reforma, se hicieron las primeras elecciones en donde se eligieron a los ministros de la Corte y a la mitad de jueces y magistrados federales. Y, por otro lado, 19 estados de la República aplicaron el mismo procedimiento para elegir los correspondientes juzgadores a nivel local.
Conocimos de las enormes dificultades que tuvo el INE para organizar esa elección, que fueron desde explicar a la ciudadanía el alcance de la misma hasta la forma de votar y por quién hacerlo. Para no hablar de entender las tareas que desempeñarían los elegidos.
Lo que llevó a un alto abstencionismo y que los pocos que acudieron, el 13% de los convocados, en su enorme mayoría, se “apoyaron” en acordeones que realmente sirvieron de instrumento para inducir el sentido del voto.
Ahora bien, está previsto que para el próximo año se elija la otra mitad de los cargos de juzgadores federales y locales en los casos como el Estado de México en los que solo se eligió una parte, y además, el ejercicio se hará en los estados que no lo hicieron en la ocasión anterior.
Si ya conocemos los pobres y cuestionables resultados de los comicios del año pasado, cuando la elección del Poder Judicial solo coincidió con las municipales de Durango y Veracruz, lo que se puede prever para dentro de un año es, sin exagerar, un desastre operativo y una simulación democrática que no sólo desdibuje los comicios judiciales, sino además ponga en riesgo algo ya ganado: la certeza y confianza en elecciones constitucionales para renovar la Cámara de Diputados, elegir 17 gobernadores, 30 congresos estatales y presidencias municipales en 30 estados de la República.
Tan delicado es el asunto que la semana que acaba de concluir, consejeros del INE acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar que se considere la posibilidad de hacer una reforma constitucional para que esa elección se lleve a cabo hasta el 2028.
Lo que aducen es que materialmente será muy difícil su implementación, la confusión que podría generar es enorme, el costo de esa elección es muy alto y lo que podría traer como consecuencia es que la institución no esté en condiciones de ofrecer las garantías para que la ciudadanía pueda acudir a votar con la información y condiciones que requiere para ejercer en libertad su derecho y, además, no se puedan dar resultados certeros con la oportunidad debida.
Se advirtió, como decíamos al principio, no solamente sobre el interés político que estaba detrás de esa reforma, sino además sobre la complejidad técnica. Es tan grave el asunto que lo que podría estar en juego no es solamente repetir la pésima experiencia del 2025, sino poner en riesgo todas las elecciones que están previstas para el próximo año… ¿O de eso se trata?
Qué deplorable panorama, doble golpe a la credibilidad ciudadana. Que no se respete su voluntad al elegir gobernantes y representantes, y que se termine de integrar un Poder Judicial que no garantice la seguridad jurídica que urge, más aún cuando crece la evidencia de la injerencia del crimen organizado en la función pública. Dar ese paso ahondaría aún más la grave crisis que hoy vive el país.
En 2027 se juega el futuro del país; agregarle deliberadamente complejidad, confusión e incertidumbre es jugar con fuego; por ignorancia o poca consideración es irresponsable, lo que no deja de ser doloso cuando los argumentos están puestos sobre la mesa.