Para "evitar confusiones" con el artículo 21 de la próxima Constitución de la Ciudad de México, en el que se establece el destino económico de la plusvalía de los inmuebles de la capital, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, rectificó y solicitó al Constituyente que en su lugar se inscriba, de forma textual, el artículo 122 de la Carta Magna.
"Para efectos de evitar confusiones que pudieran generar diferentes interpretaciones sobre el espíritu y finalidad del referido texto, solicito respetuosamente se considere la posibilidad de insertar en lo conducente en el proyecto del artículo mencionado, lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracciones XII y XXI y tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en vigor, respectivamente", señala el documento.
Dicho documento añade que "con lo anterior queda claro que en ningún momento, con la redacción del referido artículo 21, apartado C, numeral 7, se pretende crear o cobrar un nuevo impuesto o gra-vamen en la Ciudad de México", lo que se había planteado como la intención del artículo.
Por la mañana, en conferencia de prensa, Mancera señaló que "el complemento de ambas leyes es exactamente el espíritu de estas reformas. Ambos ordenamientos aprobados en la Cámara de Diputados establecen el mismo espíritu del documento enviado a la Mesa Directiva".
Sobre esta rectificación, el gobernante capitalino expresó que "no dejará ninguna sombra de duda de que jamás ha existido la inten-ción por parte del grupo redactor de este proyecto de crear o cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la Ciudad de México".
Hasta la tarde de ayer la organización Change.org había recibido la firma de 31 mil 757 personas para hacer llegar una petición en con-tra la retención de la "plusvalía de un inmueble" a favor del Gobierno de la Ciudad de México.
El artículo 21 del Proyecto de Constitución para la Ciudad de México, enviado por Mancera, para su aprobación por la Asamblea Constituyente, establece en el inciso C: Regulación del suelo, Fracción 7: "Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas...".
Según Change.org, ello significa el "adiós a la propiedad privada, pues cualquier aumento en el valor de un inmueble, conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la ciudad... lo que se traduce que no importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble, todo el margen de valor que aumente con los años será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la Ciudad de México, y según esto, serán usados para restaurar los ecosistemas de la ciudad".