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Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se abstenga de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar documentos relacionados con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y de la sociedad a estar informada de casos en los se advierten violaciones a los derechos fundamentales.
Fue el Vigesimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México el que ordenó lo anterior al conceder a padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos una suspensión provisional de amparo.
De acuerdo con los magistrados, con esta medida se estarían evitando daños de imposible reparación o resarcimiento a los padres y madres de los estudiantes.
“Resulta sumamente relevante para la solución de la presente queja, advertir que los actos reclamados se encuentran inmersos en un procedimiento de búsqueda de la verdad histórica respecto de eventos que podrían significar violación grave de derechos fundamentales”, señaló.
Destacó que no sólo los familiares directos, sino la sociedad, están interesados en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudiera redundar en violación a derechos fundamentales.
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A casi nueve años de la desaparición de los jóvenes, en Iguala, Guerrero, 20 padres y madres de los normalistas promovieron un amparo que se radicó en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, al cargo de la juez Sandra de Jesús Zúñiga.
Ese amparo se desechó y en la queja, el Vigesimotercer Tribunal ordenó la suspensión provisional.
De acuerdo con los padres y madres de los normalistas, existe pleno conocimiento de que el Ejército ha ocultado información sobre el caso.
Refirieron que ello se sabe gracias al sexto y último informe del GIEI en el que se evidencia la opacidad de las Fuerzas Armadas para abrir los archivos que lleven a la localización de los jóvenes normalistas.
Acusaron a los altos mandos del Ejército mexicano, incluido el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval y el jefe del Estado Mayor de la Sedena, del ocultamiento de información.