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Caso Jeffrey Epstein: Legisladores de Nuevo México investigan el Rancho Zorro

La demócrata Marianna Anaya señaló que Epstein no pudo dirigir solo la red de abuso sexual contra menores y que quienes lo facilitaron deben rendir cuentas.

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La entrada del rancho San Rafael, anteriormente conocido como Zorro Ranch cuando era propiedad de Jeffrey Epstein. (AP)

Legisladores estatales de Nuevo México iniciaron este martes una investigación sobre actividades realizadas en el pasado en un apartado rancho del desierto donde el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein solía recibir a invitados, y sobre si las autoridades locales hicieron la vista gorda.

Un panel bipartidista de cuatro miembros de la Cámara de Representantes estatal investiga denuncias de que el rancho pudo haber facilitado la comisión de delitos de abuso y tráfico sexual. Los legisladores de Nuevo México también afirman que quieren saber por qué Epstein no fue registrado como delincuente sexual tras declararse culpable en 2008 de solicitar actos de prostitución a una menor de edad y si hubo corrupción entre funcionarios públicos.

El martes, durante una conferencia de prensa, la representante estatal demócrata de Albuquerque, Marianna Anaya, integrante de la comisión de la verdad, instó a las personas a presentarse con información sobre cualquier abuso en el rancho vinculado con Epstein y con otras personas que lo hicieron posible.

“Ese perpetrador no pudo actuar solo. No pudo dirigir una red sexual solo, no pudo cometer este tipo de delitos financieros solo. Así que sabemos, como comisión, que quienes lo facilitaron también deben rendir cuentas, incluido el propio estado si es necesario”, afirmó Anaya. “Si de verdad quieren compartir, estaremos aquí y operaremos con confidencialidad”, añadió.

En los últimos días, las revelaciones sobre los vínculos con Epstein han llevado a la renuncia o destitución de varias personas de alto perfil.

Epstein compró el extenso Zorro Ranch de Nuevo México en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión en la cima de una colina de 2.480 metros cuadrados, con una pista de aterrizaje privada.


La propiedad fue vendida por los herederos de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, candidato republicano de Texas en la elección estatal para el cargo de contralor. Los ingresos se destinaron a los acreedores. Huffines escribió en X que la propiedad se había renombrado como San Rafael Ranch en honor a un santo asociado con la sanación, y que su familia planea manejar un retiro cristiano en el sitio.

Huffines dijo que cualquier solicitud de acceso presentada por los organismos de aplicación de la ley recibirá inmediata y plena cooperación.

El magnate Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de haber abusado sexualmente y traficado a decenas de niñas y adolescentes.

La presidenta de la comisión de la verdad y representante estatal Andrea Romero, de Santa Fe, ha dicho que varias sobrevivientes del abuso de Epstein han indicado que la actividad de trata sexual se extendió al rancho, que está a unos 56 kilómetros al sur de Santa Fe.

“Hemos escuchado durante años denuncias y rumores sobre las actividades de Epstein aquí. Pero, lamentablemente, las investigaciones federales no han logrado reunir un registro oficial”, manifestó Romero el martes. “Esta comisión de la verdad finalmente llenará los vacíos de lo que necesitamos saber”, agregó.

Entre los integrantes de la comisión también están el agente jubilado del FBI y representante estatal republicano William Hall, de Aztec, y la exfiscal de distrito y representante Andrea Reeb, de Clovis. Los legisladores de la Cámara estatal que estuvieron presentes votaron por unanimidad el lunes para crear la comisión, con facultad de emitir citaciones y un presupuesto de más de 2 millones de dólares.

Aunque Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, la fiscalía general del estado confirmó en 2019 que estaba investigando y que había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho.

En 2023, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ordenó una investigación sobre negocios financieros utilizados por Epstein y sus obligaciones legales, lo que derivó en acuerdos con dos bancos que destinan 17 millones de dólares a la prevención de la trata de personas, según un portavoz de la oficina de Torrez.

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