Durante el Summit de Grandes Empresas COPARMEX, realizado en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México, organizado por COPARMEX con el respaldo de Banco Azteca, más de 200 empresarios, directores generales y representantes de distintos sectores coincidieron en un diagnóstico: la incertidumbre jurídica se ha convertido en uno de los principales factores de freno para el capital privado.
El encuentro ocurrió en un contexto marcado por señales de presión sobre la economía mexicana. Además del ajuste de Moody’s, la OCDE ha advertido sobre un menor dinamismo económico y analistas privados estiman que miles de millones de dólares en inversiones permanecen detenidos tras la aprobación de la reforma judicial.
Uno de los mensajes más severos vino del exministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, quien cuestionó el alcance que han adquirido algunas autoridades administrativas y fiscales en el país.
“El país está dando pasos hacia atrás para desincentivar la inversión: una UIF que puede bloquear cuentas sin control judicial, en un uso distinto al que debería ser su función. Un SAT con formas cada vez menos ortodoxas de recaudar, con amenaza penal y mecanismos discrecionales en la cancelación de facturas que pueden poner en jaque a las empresas”, afirmó durante el panel “Invertir en México: Entre la oportunidad y la incertidumbre”.
Laynez también advirtió sobre la pérdida de autonomía de organismos reguladores y el efecto acumulado que esto genera sobre la confianza empresarial. Para los participantes del foro, el problema dejó de ser exclusivamente económico y se trasladó al terreno institucional.
La investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, y Mariana Campos, directora de México Evalúa, coincidieron en que la reconfiguración del Poder Judicial abre dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar reglas claras y mecanismos efectivos de defensa para particulares y empresas.
La discusión ocurre, además, en la antesala de la revisión del T-MEC y en medio de crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. En otro de los paneles, el exembajador Arturo Sarukhán y Sergio Gómez Lora, representante del CCE en Washington, señalaron que la relación bilateral enfrenta uno de sus momentos más complejos en décadas, particularmente por los litigios comerciales, los aranceles y la incertidumbre regulatoria.
El presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que México enfrenta el riesgo de desaprovechar la relocalización de cadenas productivas si no corrige los problemas estructurales que afectan la operación de las empresas.
“Hoy existen inversiones detenidas por insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y falta de condiciones para operar con estabilidad”, señaló.
Más allá de las cifras y de las revisiones crediticias, el mensaje que predominó entre los asistentes fue que la confianza institucional se ha convertido en un factor determinante para competir por capital en la región. Para el empresariado, la discusión ya no gira únicamente en torno al crecimiento económico, sino a la capacidad del país para ofrecer certidumbre legal en un entorno de cambios profundos en el sistema judicial y regulatorio.
Por su parte la banca empresarial de Banco Azteca presentó ante los asistentes su propuesta de soluciones integrales, que articula las capacidades de diversas marcas del ecosistema de Grupo Salinas en áreas como gestión financiera, protección de activos, eficiencia operativa e innovación tecnológica. ‘Queremos ser el aliado de la competitividad de las empresas, para generar prosperidad incluyente, más aún en tiempos de incertidumbre’, señaló Gabriel Ramírez Landa, Director Nacional de Banca Empresarial y Corporativa de Banco Azteca.
