Como resultado de las recientes denuncias publicadas en diversos medios de comunicación con relación al uso indebido de recursos, la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó una revisión sistemática y permanente de su padrón de proveedores para descartar que sean empresas que facturan operaciones simuladas, encontrando una serie de irregularidades.
Además, negó la realización de acciones institucionales concertadas para el uso indebido de los recursos financieros, humanos y materiales y ratifica su compromiso con una gestión institucional responsable y el estricto cumplimiento de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
“El pasado 4 de junio la Auditoría Interna de la UANL inició revisión a la Dirección de Adquisiciones y a la Tesorería General de esta Institución, en relación con las empresas Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solution. Posteriormente, dicha revisión se amplió a las empresas Formas Futuras, Bond Business, y el día de hoy, a las empresas Construcciones Duat, Kehios Servicios, Yeray Edificaciones, Femexport, Edificaciones Corch, Maquinaria Crakter, Edificaciones Satir y Diseño y Proyectos Fonta, entre otras”, indicó la universidad.
Detalló que entre los principales aspectos a revisar son: verificar ante el SAT que las empresas no sean facturadoras de operaciones simuladas y cumplan con sus obligaciones fiscales.
Constatar que los procedimientos de contratación de las empresas se hayan realizado conforme a las leyes aplicables; y comprobar que los bienes o servicios se hayan suministrado conforme a las especificaciones acordadas
Además, verificar que los pagos a las empresas se hayan efectuado dentro del marco legal correspondiente y cuenten con el debido soporte documental y; constatar que los 10 mil 600 proveedores registrados en el padrón de proveedores de la UANL cumplan con los requisitos aplicables.
Tras la revisión, dijo que se detectó una ineficiente operación de los mecanismos de control y supervisión en el registro del padrón de proveedores y en diversos procedimientos de contratación.
También se determinaron incumplimientos de requisitos en el registro al padrón de proveedores, como tener al menos 18 meses de iniciadas las operaciones en el giro o especialidad de la empresa y presentar su cartera de clientes, entre otras.
Se constataron deficiencias en los procedimientos de contratación de algunas empresas, como: la existencia de adjudicaciones directas sin ajustarse a los montos máximos, ni acreditarse supuestos de excepción a la licitación pública y; el incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al rebasar el porcentaje de 20 por ciento previsto en los casos de incremento en los montos del contrato.
Derivado de lo anterior, la auditoría interna promoverá ante la Contraloría General y las instancias competentes, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable, siguientes sanciones para dos de sus funcionarios.
Para Hermilo Valdez Pérez, destitución definitiva e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para Víctor Manuel Salazar, se le promoverá la aplicación de las sanciones correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado por posible conflicto de interés.
Agregó que quienes adicionalmente resulten responsables por faltas o incumplimientos al marco legal aplicable, se les promoverán las sanciones correspondientes ante las autoridades competentes.
Indicó que continuará con la investigación correspondiente coadyuvando con otras instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras.
