MORELIA.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo sentencia condenatoria de 140 años de prisión en contra de Cristian N., al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en contra del presidente municipal de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés.
Con relación a este hecho, el agente del Ministerio Público demostró que el 23 de abril de 2019, la esposa, en complicidad de otras dos personas, privó de la libertad al exalcalde.
Horas más tarde, Otlica Avilés fue localizado sin vida en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.
El cuerpo de la víctima presentaba signos de tortura y un impacto de bala.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, se desahogaron los últimas pruebas, incluido un dictamen en materia de psicología, y se formularon los alegatos de clausura por las partes.
Tras el receso correspondiente, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y le impuso la pena máxima, una multa y el pago de la reparación del daño.
La Fiscalía estatal señaló que su compromiso es garantizar el acceso a la justicia y combatir de manera firme los delitos que atentan contra la libertad y la vida de las personas.
Asimismo, se informó que la investigación estableció que su esposa, Christian N., fue la responsable del secuestro y asesinato del exedil, por lo que fue condenada a 140 años de prisión tras acreditarse su participación en el crimen.
Además, se ordenó el pago de una multa superior a los dos millones de pesos, así como la reparación del daño a las víctimas indirectas.
La causa de muerte del presidente municipal de Nahuatzen fue “hemorragia intracraneal secundaria a traumatismo craneoencefálico, con herida provocada por instrumento corto contundente”, de acuerdo con lo determinado por la Fiscalía de Michoacán en 2019.
Otlica Avilés fue sustraído con violencia de su domicilio ubicado en la tenencia de San Isidro, en el municipio de Nahuatzen. El funcionario no ejercía funciones en la presidencia municipal, ya que el Concejo Ciudadano Indígena le impedía despachar, al considerar que las elecciones del 1 de julio de 2018 fueron “fraudulentas”.
