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Organizaciones ciudadanas clausuran sede del Congreso de Morelos al cumplirse 6 meses de parálisis legislativa

La división entre diputados ha provocado que se estanquen reformas como despenalización del aborto, revocación de mandato y ley de violencia vicaria.

Cuernavaca, Mor.- Organizaciones ciudadanas clausuraron simbólicamente la sede del Congreso del Estado de Morelos tras cumplirse seis meses de parálisis legislativa y sin que se presenten avances de reformas que requiere la entidad.

“Hemos decidido tomar las instalaciones de este Congreso ante la parálisis legislativa que prevalece desde hace seis meses, hay temas que son relevantes para la vida democrática de nuestra entidad y, sin embargo, los diputados no han podido ponerlos a consideración en sesión plenaria”, expresó Francisco Radilla, vocero del Colectivo Cuernavaca.

Entre las reformas que están sin discutirse en el Legislativo son la despenalización del aborto, la Ley de Revocación de Mandato, la Ley de Violencia Vicaria, así como resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso algunas ya se vencieron los términos.

“Ya es hora de que lleguen acuerdos mínimos y que dejen de lado sus intereses políticos para que pongan fin a esta parálisis legislativa”, aseveraron.

Dichas organizaciones señalaron que de no ponerse de acuerdo, radicalizarán sus acciones como tomar vialidades e instalar un plantón de forma permanente en la sede ubicada en la calle de Gándara, de la colonia El Vergel.

La ruptura entre diputados del Congreso del Estado se dio desde que 11 legisladores del PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano buscaron destituir a la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y así colocar supuestamente a personajes que incluso están vinculados a proceso como es el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, que estuvo al frente de esa dependencia durante la administración de Graco Ramírez.

Dicha ruptura originó que los diputados del llamado G-11 destituyeran en “un madruguete” a la titular de la Junta Política y de Gobierno, la morenista Paola Cruz.

Pero también quitaron comisiones, dietas y despidieron al personal de los legisladores aliados a Morena, es decir, a los de PES, Redes Sociales Progresistas y PT, es decir, el llamado G-8.

Desde entonces, se detuvo la aprobación del Paquete Presupuestal 2022, por lo que el Gobierno del Estado tuvo que operar con la misma ley de ingresos y egresos del 2021; así también los diputados han incumplido con la resolución que emitió la SCJN, para ampliar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, entre otros asuntos.

No obstante, los del G-11 han hecho designaciones de manera ilegal, como fue colocar al diputado Roberto Yáñez Moreno, quien mintió en su registro, al hacerse pasar de la comunidad LGBTTTIQ, pero además, señalaron las diputadas del G-8, pasaron por encima de los “derechos electorales” de la candidata mujer a la que correspondía esa curul, pues era la siguiente en la lista de prelación.

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