Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la iniciativa que prometió hace más de un año y que busca concretar antes del Mundial de 2026: la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Durante su segundo informe de gobierno, calificó la propuesta como un “hecho histórico” y prometió “establecer límites al alquiler” en la capital del país.
De los puntos que anunció en julio de 2025, la mandataria destacó cuatro ejes: establecer un límite al incremento de las rentas, promover políticas para ampliar la oferta de vivienda asequible por parte del gobierno y crear un organismo para defender los derechos y las obligaciones de arrendadores y arrendatarios.
¿Cuál es el límite que tendrán los caseros para aumentar las rentas en CDMX?
La iniciativa que presentará la jefa de Gobierno contempla un tope a los aumentos de las rentas para evitar que superen la inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en zonas de tensión inmobiliaria.
“Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad”, dijo durante su informe de gobierno en el Congreso.
La propuesta todavía no es una ley definitiva. El Congreso de la Ciudad de México deberá discutir la iniciativa de Clara Brugada y podrá realizar modificaciones antes de aprobarla.
Olivia Garza, presidenta del Congreso de la Ciudad de México, informó que las iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno serán turnadas la próxima semana a las comisiones legislativas para iniciar su estudio y dictaminación.
Como antecedente, a principios de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el límite al incremento de las rentas, que no puede superar la inflación del año anterior, establecido en el Código Civil de la Ciudad de México.
La iniciativa forma parte de un plan de acción contra la gentrificación y para combatir los abusos de los arrendatarios, ya que entre 2019 y 2023 el costo de las rentas incrementó más del 30 por ciento en algunas zonas de la Ciudad de México.
Lo anterior provocó desplazamiento de población; tan solo en 2020, alrededor de medio millón de personas fueron expulsadas de la capital por los precios de las rentas en medio de la pandemia de Covid-19.
