Finanzas públicas en México

La marcada desaceleración económica en 2025 y 2026 y, probablemente, una recaudación por “fiscalización” de grandes contribuyentes inferior a la planeada condujeron a notables reducciones del ISR, tanto con relación al programa como respecto a 2025.

Aunque hay señales de que la elección de 2027 se les complica, es posible que aún logren mantener una posición mayoritaria en el Congreso y mantener buena parte de las gubernaturas en juego.

Aunque los balances fiscales presentaron un mejor desempeño, lo que está detrás es el subejercicio o retraso en el gasto, pues los ingresos están siendo inferiores a lo presupuestado, poniendo en entredicho la credibilidad fiscal del gobierno.

No es posible seguir disminuyendo la inversión pública por los costos que provoca en el resto de la economía.

México enfrenta un déficit presupuestal estructuralmente alto, impulsado por una “segunda nómina” de transferencias directas a Pemex sin retorno productivo.

La pregunta de fondo no es si la deuda es pagadera hoy, lo es, sino si la trayectoria de mediano plazo es sostenible.

Este año hay poco espacio fiscal para la inversión pública en proyectos que fortalezcan la capacidad productiva del país en los próximos meses.

La lógica es conocida y repetida: cuando el gasto ineludible sube, lo que se recorta es lógicamente lo que puede recortarse, aunque ese recorte acumule costos para el mediano plazo.

La reducción del déficit fue de un punto porcentual del PIB desde el nivel registrado en 2024, uno de los más altos desde que existen registros.

En este año se destinarán 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto en inversión pública, que equivale a 2 por ciento del PIB.