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Pandora Papers pega a la 4T: ventilan posible evasión de funcionarios y cercanos

La investigación incluye a 14 líderes mundiales en activo, además de otros 21 líderes que ya han dejado el poder, 300 funcionarios públicos y generales de más de 90 países de todo el mundo.

Tres personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador figuran entre los mexicanos involucrados en Pandora Papers, la filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Se trata de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; y Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.

De acuerdo con la información publicada en Quinto Elemento Lab este domingo, al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales.


La investigación incluye a 14 líderes mundiales en activo, además de otros 21 líderes que ya han dejado el poder también escondieron propiedades e ingresos, 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo, a través de 11.9 millones de documentos.

De acuerdo con la investigación, los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.

Quinto Elemento Lab señala que aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal.

“En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales”.