Rechazan ONU y asociaciones civiles la nueva Ley Orgánica de la FGR

Expertos de la ONU, académicos, representantes de asociaciones civiles y familiares de personas desaparecidas rechazaron la propuesta de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) aprobada por los senadores, y demandaron a la Cámara de Diputados modificarla “con congruencia y firmeza”.

En el primer foro de parlamento abierto efectuado este lunes en la Comisión de Justicia de los diputados, Marco Fernández, de México Evalúa, puntualizó que el marco jurídico que están analizando no avanza en aspectos como la profesionalización de la FGR y la capacitación del personal; no tiene tampoco mecanismos que permitan la rendición de cuentas, expuso.

“Otro problema que presenta tiene que ver con los fideicomisos, se crea el fideicomiso para el mejoramiento de la procuración de justicia y, a diferencia de los otros que tenían reglas específicas de operación y comité técnico, en la propuesta no existe”, dijo.

Rafael Heredia, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, refirió que “en la minuta hay un retroceso en los derechos de las víctimas y se elimina la participación de los familiares en la elaboración de los planes de investigación, como se establece en la actual Ley Orgánica”.

Sobre los nombramientos de los fiscales general y especializados, no se garantizan estos procesos a través de la transparencia, publicidad y participación ciudadana, dijo.

Marie Claire Acosta, de Justicia Transicional México, dijo que los altos índices de impunidad de los delitos que prevalecen en nuestro país, y que son de los más altos del mundo, dan cuenta de cómo se requiere un diseño institucional para la investigación de delitos y la procuración de justicia, como señala la Ley Orgánica que se pretende modificar.

De Impunidad Cero, Irene Tello señaló que se haría un mayor beneficio si se analizan las condiciones y los modelos de gestión en el que trabajan todas las procuradurías y fiscalías del país, así como su presupuesto, más que cambiar una ley.

“Creemos que la pieza clave para luchar contra la impunidad es la Fiscalía General de la República y todas las procuradurías de fiscalías estatales”, explicó.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, manifestó que con esta reforma “quieren regresar a la PGR de administraciones anteriores”.

La falta de acceso a la justicia, de transparencia y de capacidad de investigación, que concentra el poder en una persona, debilita la rendición de cuentas y no prevé la máxima publicidad, estimó.

Planteó incluir mecanismos de denuncia, protección y seguimiento para que las víctimas puedan denunciar a Ministerios Públicos que no cumplan con su trabajo.

Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia, de México Evalúa, afirmó que la propuesta no innova, ni resuelve problemas actuales, sino formaliza la operación de la anterior PGR.

Consideró que es una ley innecesaria y regresiva que no contiene una estrategia diferente para perseguir el delito, sino la manera de reinstalar reglas, principios y prácticas de una PGR inefectiva, opaca, anclada en el modelo inquisitivo, que conoce más cómo fabricar culpables que investigar redes de macrocriminalidad.

En representación de Fundar-Centro de Investigación y Análisis, Humberto Guerrero mencionó que es una legislación donde no se quieren controles ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas y donde hay un mal entendimiento de autonomía de la Fiscalía; es una legislación que parece ir en retroceso del avance en el Sistema Jurídico, en la manera de entender la participación de las víctimas en la investigación penal.

Carlos Guerrero, de Litigio Estratégico Mexicano, pugnó porque se apruebe una Ley Orgánica que conserve los estándares que están previstos en la norma vigente. Externó su preocupación por el esquema de designaciones de los fiscales especiales, ya que se siguen previendo reglas que pudieran ser regresivas y violar principios de la Constitución.

La representante de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, expuso que la reforma no tiene una justificación real por parte de la FGR y es regresiva, por lo que pidió que sea analizada con detenimiento para que las víctimas y la participación ciudadana sean elementos de contrapeso a la Fiscalía.

El también representante de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Eduardo Rojas, opinó que la propuesta está en contra del derecho de progresividad, en específico en el ámbito de las víctimas, donde se les permite coordinarse con la Fiscalía para generar programas de investigación y tener acceso a los expedientes.

“Lo planteado va en retroceso del enfoque de macrocriminalidad”, opinó.

Susana Camacho Maciel, de BORDE, aseguró que la minuta quiere borrar el esfuerzo de muchos años de distintos sectores de la sociedad, ya que a pesar de los cambios tiene muchos retrocesos y no se atiende la meta de llegar a juicios orales sustentados por fiscales de carrera.

“Hay preocupación desde la sociedad civil porque costó años armar la ley hoy vigente y en cuestión de meses se quieren eliminar esfuerzos”, expresó.

De la Fundación Para el Debido Proceso, Úrsula Indacochea opinó que no se debe concentrar el poder de forma punitiva en una sola persona, porque de hacerlo existe el riesgo de que pueda actuar de forma política; además, si no hay autonomía técnica de sus fiscales, podrían ser tocadas por las distintas élites políticas, incluso cooptadas por el crimen organizado, y habría consecuencias por no tener contrapesos internos del fiscal general.

De Artículo 19, Itzia Miravete dijo que urge que las y los fiscales tengan capacidades para realizar análisis de contexto que permitan el desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, que están detrás de los ataques a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

Para revertir la situación de violencia contra la prensa es necesario garantizar una investigación efectiva e impulsar acciones de prevención, protección y reparación del daño, que envíen mensajes de cero tolerancia a las agresiones, dijo.

Guillermo Fernández-Maldonado, de la oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, refirió que urge que México tenga fiscalías cuyo desempeño efectivo sea capaz de poner fin a los alarmantes índices de impunidad y velar por los derechos de las víctimas.

Es necesario armonizar lo dispuesto en el artículo 6 del proyecto que establece el principio de autonomía del Ministerio Público con otra disposición que parece poner énfasis en la sujeción del MP a una estructura jerárquica, agregó.

Martín de Boer, jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó que es importante que durante el proceso de discusión de la minuta se respete el derecho de participación de las víctimas, familias y representantes.

También, que conforme las normativas internacionales en materia de derechos humanos se garantice en todo momento el derecho de participación de las familias en la búsqueda, localización e identificación de sus seres queridos, propuso.