A 11 días del asesinato de José Alberto Gálvez Morales, activista y director de Atención a Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de Marquelia, en Guerrero, colectivos LGBT+ denuncian que hasta el momento no hay detenidos ni avances en la investigación por este crimen.
La Red Diversidad, a través de sus cuentas de X e Instagram, informó que el cuerpo del funcionario fue localizado en el crucero de La Cuchilla, en el municipio de Juchitán, en Oaxaca. El hallazgo ocurrió el pasado sábado 14 de marzo, de acuerdo con reportes de El Sol de Acapulco.
El colectivo señaló que, de acuerdo con información de medios locales, el defensor de los derechos de la comunidad diversa fue ejecutado con arma de fuego y su cuerpo presentaba “claros signos de violencia y tortura”.
“Como en otras ocasiones relacionadas con crímenes contra la comunidad LGBT en México, las autoridades no han reportado ningún detenido hasta ahora para el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia.”, apuntó en sus publicaciones.
El 15 de marzo, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ (ONCO) en Guerrero confirmó el asesinato de Gálvez Morales, quien de acuerdo con el organismo, fue encontrado sin vida en el crucero conocido como La Cuchilla, a unos 200 metros de la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional.
Sin freno, violencia contra personas LGBTIQA+
Los crímenes contra la comunidad LGBTIQA+ (sigla que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, queer, asexuales y otras identidades sexogenéricas todavía no clasificadas) en México continúan en aumento, según revelan cifras de ONCO.
En entrevista para la Gaceta UNAM en junio del año pasado, el organismo precisó que entre 2014 y 2025 se habían registrado al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en en el país.
En este contexto, advirtió, se observa una tendencia al alza en los crímenes de odio contra mujeres transgénero, así como la falta de registros oficiales que reflejen la magnitud del problema. Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de tipificación del delito de transfeminicidio en los códigos penales estatales, la impunidad y la falta de perspectiva de género en los sistemas de justicia.
