CDMX

Ernestina Godoy aplica ‘mano dura’: Ha destituido a 107 peritos, ministerios públicos y agentes

En su gestión al frente de la Fiscalía de CDMX, Ernestina Godoy ha despedido a más de 100 servidores públicos por incurrir en faltas administrativas y penales.

Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, reveló que su administración ha destituido a 107 servidores públicos de la dependencia, entre ministerios públicos, peritos y agentes de investigación, por incurrir en faltas administrativas y penales.

La fiscala detalló que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), también se han sancionado a otros 127 servidores públicos con suspensiones temporales o amonestaciones.

Explicó que las citadas sanciones han sido aplicadas por dos instancias de control de la propia Fiscalía, una es la Fiscalía para Servidores Públicos y la otra es el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación.

Aunque no detalló casos, dijo que la Fiscalía de Servidores Públicos ha aplicado 106 sanciones contra servidoras públicas de la institución, 79 son destituciones, 15 suspensiones temporales y 12 amonestaciones.

Estas sanciones son contra agentes del Ministerio Público y peritos de la institución, aunque no detalló si se trata de casos denunciados por la ciudadanía o derivan de investigaciones internas.

Mientras que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación ha aplicado 128 sanciones, de las cuales 28 resultaron en destituidos, 90 fueron suspensiones y cuatro casos más fueron solo amonestaciones.

Estas sanciones, contra agentes de la Policía de Investigación, se ciernen a la aplicación de un “procedimiento administrativo disciplinario” para cada uno de los servidores públicos implicados.

La revelación de Godoy se dio como parte de una comparecencia que el lunes pasado hizo la funcionaria ante la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.

Casos relevantes de destitución en la Fiscalía de CDMX

Entre los casos más relevantes está el registrado el 26 de mayo pasado, cuando la fiscalía capitalina anunció la separación del cargo del agente del Ministerio Público que coordinó un operativo de cateo a la empresa Black Wall Street Capital.

Y es que los dueños de la empresa denunciaron el robo de 85 millones de pesos y otros abusos cometidos por parte de los servidores públicos tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Su destitución fue por ser omiso en preservar el lugar de los hechos, además de que, presuntamente, ocultó evidencia encontrada en el domicilio inspeccionado lo que afectó en la integración del expediente de investigación.

En otro caso, en abril de 2021 se anunció la destitución del Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, quien fue denunciado en redes sociales por usar influencias para ponerse la vacuna de Covid-19 en un periodo que no le correspondía.

Un hecho más fue la separación del cargo de una mujer agente del Ministerio Público, identificada como Esperanza ‘N’, quién cometió el delito de ejercicio abusivo de funciones, en mayo de 2022, al desestimar una acusación por delito sexual.

En septiembre de 2022 otra agente del Ministerio Público fue destituida y vinculada a proceso por negación del servicio público, ya que en 2019 se negó a recibir una puesta a disposición por delitos contra la salud.

Casos pendientes en la Fiscalía de CDMX

En tanto, la Fiscalía de CDMX tiene también una serie de asuntos pendientes de resolver. Tal es el caso de la denuncia contra el agente del Ministerio Público Rogelio Mariñón Calzadilla de la Fiscalía de Servidores Públicos.

Dicho Ministerio Público fue acusado penalmente por un ex agente de la Policía Judicial (hoy de Investigación) de fabricar delitos.

Jaime Alejandro Mejía Mariscal quien perteneció a la comandancia B de la Policía Judicial, adscrito a la Dirección de Atención de Delitos Relativos a la Privación Ilegal de la Libertad de la Procuraduría capitalina (hoy fiscalía) dijo que Mariñón Calzadilla le está queriendo atribuir el delito de tortura que no cometió.

Y es que, agregó, ya está probado que, en la lista de asistencia del 29 de octubre de 2008, cuando se habría cometido el delito de tortura a un detenido, el estaba de vacaciones por lo que no pudo estar en el lugar.

Pese a ello, explicó que lo tiene en calidad de imputado y como tal debe comparecer en diciembre próximo.

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